Mes: noviembre 2015

Guadalajara se ha planteado el reto de ser creativa y digital, no obstante, su gobierno no parece atinar paso alguno sobre la misma línea. ¿Ciudad Creativa Digital (CCD), sin Gobierno Creativo? Veamos. En 2013, Guadalajara fue electa como la primera Smart City por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEE), que reúne a más de 430 mil expertos en materia tecnológica, que se distribuyen en más de 160 países. The Economist señaló que CCD detonaría el mayor hub digital de Latinoamérica. Lo anterior, parece razonablemente inverosímil cuando se advierte que la construcción de –apenas– el primer complejo de CCD se ha pospuesto sistemáticamente desde finales de 2013. No obstante, Guadalajara tiene un grandísimo potencial de ser creativa. La ZMG cuenta con 15 mil empleados vinculados con la industria creativa y con un bono demográfico envidiable: el 42 % de su población tiene menos de 24 años. El 75 % de la industria jalisciense, produce bienes y servicios vinculados al sector de la electrónica y la cibernética. Para poner en contexto lo anterior, en 2014, Jalisco exportó casi 25 veces más tecnología que tequila, en términos de dólares.

La reforma al Código Urbano para el Estado de Jalisco –publicada el 5 de noviembre en El Periódico Oficial El Estado de Jalisco–, recibió un total de 140 observaciones de la Asociación de Desarrolladores Inmobialiarios, Coparmex, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Cámara de Comercio, Cámara Nacional de la Vivienda y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción –nótese que son los más interesados [¿afectados?] en términos económicos–. Pero bien, ¿qué es lo que se critica y qué tan sustentadas están las observaciones? Veamos…

El 19 de junio de 2008, en sesión ordinaria, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el Decreto D 54/17/08 referente a la edificación del proyecto Puerta Guadalajara, hoy renombrado como Iconia. Cedieron así “la posesión material y jurídica” de 13.6 hectáreas al grupo español Mecano América, para la construcción de Puerta Guadalajara (ahora Iconia). Además, en una especieall inclusive, Guadalajara se comprometió oficiosamente a entregar “sin costo alguno” para los desarrolladores, todas las licencias y permisos de construcción. Estas licencias y permisos fueron calculadas por el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco, en 600 millones de pesos (MILENIO; “Colegio de arquitectos cuestiona proyecto de desarrollo Iconia”; 26/11/2013). No obstante, los empresarios no cumplieron con las obras pactadas, ni regresaron el predio, ¡ni nada! Así, durante años, todos se hicieron de la vista gorda en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Veamos, ¿tiene sentido invitar a trabajar a quien te mantiene demandado judicialmente por 9.6 millones de pesos? Pues bien, justo eso ocurrió con el nombramiento del secretario general del Congreso, quien mantenía jurídicamente viva una demanda por 9.6 millones de pesos en contra del Congreso, misma de la que se desistió formalmente hasta el 9 de noviembre. Pero demandar liquidaciones no es nada nuevo. El ahora secretario general del Congreso, Reynoso Loza, obtuvo como secretario ejecutivo del Consejo Electoral del Estado de Jalisco (CEEJ) –de julio de 1997 a julio de 2001–, una indemnización que ascendió a los casi 380 mil pesos (Mural: «Indemnizan a Reynoso con $380 mil»; 20/Jul/2001).

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –integrada por cinco ministros– aprobó el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, como resolución a un amparo indirecto promovido por cuatro integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, a efectos de permitir el consumo lúdico y recreativo de la mariguana y declarar «inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal de mariguana con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y exclusivamente con el estupefaciente cannabis (…) declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.»