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Date archive for: febrero 2017

El 98% de los casos de corrupción, quedan impunes

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Según el estudio del Fondo Monetario Internacional, Corruption: Costs and Mitigating Strategies, publicado en mayo de 2016, el costo anual de los sobornos –únicamente– es calculado entre 1.5 y 2 billones de dólares (2% del PIB mundial, considerándose esto una pérdida). Los costos de la corrupción son mayores, ya que los sobornos representan, apenas, una arista de ésta. De acuerdo a datos de la Corporación Financiera Internacional (IFC) –organismo del Banco Mundial–, y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la corrupción en México representa entre el 9 y el 10 por ciento del PIB Nacional, según lo advierten respectivamente ambas organizaciones, con una diferencia de menos de un año. Además ambas advierten una preocupante tendencia ascendente. Ahora bien, ¿esto es mucho o poco? Veamos. Por ejemplo, el Turismo reportó en México una aportación del 8.7% al PIB nominal nacional en 2015, distribuida en todo el país. Además, en el mismo periodo, la hoy CDMX aportaba el 16.74% del PIB nominal nacional, seguida del Estado de México con 9.47% de participación. No obstante, los costos vinculados a la corrupción, representan en la actualidad en México el 9.5% en ‘promedio’.

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El insoportable costo de la impunidad

Mural reportó ayer que Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación -ASF-, acusa en 2015, “anomalías al erario en los estados de 31 mil 745 millones de pesos”. En total, se firmaron observaciones por 165 mil millones de pesos al gasto de las dependencias federales, en conjunto con estados y municipios, en este ejercicio (2015). De acuerdo a los datos señalados por el Auditor Superior, de 2011 a 2015, suman ya 216 mil 456 millones de pesos observados a las entidades federativas y a la Ciudad de México, que no han podido ser solventados. Si consideramos que son 260 mil millones de pesos lo que pretende captar el gobierno por el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) en el precio de la gasolina, el daño cometido al país –que fue detectado sólo por la ASF- representa hoy el 83% del total de lo que se obtiene del impuesto a la gasolina.

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Un buen ejemplo para combatir la corrupción e impunidad

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La semana pasada, la presidenta municipal de Tlaquepaque dio a conocer que quien era su secretario general, Gustavo Flores Llamas, sería separado de su cargo porque se le detectaron “diversos trámites de transmisión patrimonial (cambio de propietarios de inmuebles) irregularidades en los procesos de escrituración y de inscripción de las mismas”. Informó el Ayuntamiento que el secretario general intentó favorecer la escrituración de casas habitación a favor de la firma “MetroFinanciera, Sociedad Anónima de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada”. Debido a esto, María Elena Limón señaló que interpuso una denuncia penal “por la probable comisión de diversos delitos, como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, peculado, desvío  y aprovechamiento de atribuciones y facultades, falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas”.

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Los recursos usados por Trump durante sus primeros 16 días

US President Donald Trump speaks during a meeting with teachers, school administrators and parents in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, February 14, 2017. / AFP PHOTO / SAUL LOEB
 AFP PHOTO / SAUL LOEB

En sus primeros 16 días como presidente de la nación más poderosa, Trump acumula 24 acciones ejecutivas, de las cuales, dos son en contra de los mexicanos. Un presidente en EEUU puede dictar orden ejecutiva, proclamación, y memorándum presidencial. La orden ejecutiva son las acciones exclusivas del presidente de Estados Unidos, que basadas en la autoridad que la Constitución le confiere, cobran la fuerza y el efecto de una norma. Su forma de comunicación es por escrito, y son dirigidas a secretarías y agencias de gobierno, y afectan indirectamente a ciudadanos norteamericanos, ya que, directamente, el presidente no cuenta con poder ni autoridad sobre los ciudadanos ni sus derechos de manera directa (CRS Report for Congress. Executive orders and proclamations, del abogado legislativo John Contrubis. 1999.). Se publican en el diario oficial norteamericano (Federal Register). Las acciones ejecutivas tienen el mismo poder de un memorándum presidencial. Asimismo, pueden ser sujetas a revisión por parte del Congreso.

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