Gabriel Torres Espinoza

La fotoinfracción volverá “corregida” el 1 de junio, avisó el titular de la Secretaría de Movilidad. Las sanciones económicas a los conductores que sobrepasan los límites de velocidad -captados a través de los fotoradares- no se aplican desde el 01 de abril, porque se dio un tiempo de amnistía de un par de meses para tener las cosas ‘en orden’ (calibrar radares, balizamiento de zonas, campañas intensivas de socialización, señalética, una aplicación para consultar si los conductores tienen multas, entre otros detalles). Aparentemente, al cumplirse todas las promesas anteriores -a pesar de que la fotomulta es considerada ilegal- el operador de la fotomulta (Autotraffic), volverá a las calles ‘redimido’ para continuar con el cobro del 40% de cada fotomulta pagada por el ciudadano. Se trata de un negocio que un coyote pactó con la empresa, para asegurar un monto total de fotomultas a aplicar por mes. Entre más multas, más ganancia para la empresa y mayor tajada para el que, desde el gobierno, pactó esas condiciones absurdas para un programa que debiera tener fines preventivos, y no puramente recaudatorios bajo condiciones que apestan a más y más corrupción.

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Ayer se discutió con vehemencia la posibilidad de una reforma electoral. El tema más álgido de la propuesta de la reforma es la posible disminución de los recursos a los partidos políticos. Un tema que, naturalmente, despierta muchas simpatías en la población, básicamente por la bien ganada mala fama de los partidos políticos en la sociedad (tal vez, debido a su escasa democracia interna). Reducir el financiamiento a los partidos políticos es una propuesta a la que es difícil oponerse en el debate público. Parece que el tema se ha entrampado con este asunto. No hay que dejar de advertir que eliminar el financiamiento es, desde la perspectiva jurídica, muy complicado. Requiere modificaciones a normas federales que rebasan con mucho el ámbito de competencia del Congreso del Estado de Jalisco. Reducir el financiamiento, eso sí es posible, pero en plata pura ningún partido quiere en realidad cortarse un brazo, o una pierna.

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La comunicación social es una tarea fundamental, sin la cual, no se entenderían correctamente las políticas públicas implementadas por el gobierno. Ahora los contenidos de esa comunicación, en la era digital, son fundamentalmente disruptivos, multipantalla, interactivos, móviles y personalizables. Tal vez, debido a ello, las tareas más relevantes de la comunicación de algunos gobiernos ya no descansan en la estructura formal de comunicación social que aparece en el organigrama. Desde hace al menos una década la comunicación social, pública y política de algunos gobiernos es paulatinamente concesionada (una forma elegante de expresarlo) a empresas de comunicación que, mediante contratos encarecidos, atienden y satisfacen estas tareas para algunos gobernantes.

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone facultades a los estados para que puedan legislar en materia electoral: artículo 115 (municipio libre como unidad de la división territorial de los estados, así como su organización política y administrativa); y artículo 116 (sobre las legislaturas de los estados, los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional; tiempos electorales, así como postulación y registro de candidatos, entre otros).

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El 31 de marzo pasado, el Gobernador ordenó la suspensión temporal del programa de fotomultas en el Área Metropolitana de Guadalajara por 30 días -desde el 01 de abril hasta el 02 de mayo- con la finalidad de instalar señalética horizontal y vertical. Desde el 01 de marzo se ofreció que sería abierto un portal en donde los automovilistas podrían conocer sus fotoinfracciones, hacer el pago de las mismas, así como también poder presentar un recurso de inconformidad. Por indicaciones del gobernador, la SEMOV anunció el 24 de abril que el periodo de suspensión del programa se tenía que ampliar durante 15 días más -es decir, hasta el 15 de mayo (hoy)- pues esto daría tiempo a la conclusión de los trabajos de señalética y balizamiento, así como de la puesta en marcha de la plataforma web para que los automovilistas pudieran saber si tienen fotomultas.

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Únicamente en el área metropolitana de Guadalajara -AMG-, cada día se realizan 4 millones 620 mil 371 viajes por día en el transporte público. Hoy ocurren esos viajes en condiciones paupérrimas, con un sistema de transporte basado en el modelo hombre-camión, que es sumamente inseguro, impuntual, incómodo y que causa cientos de víctimas al año, que en general quedan impunes. Frente a este problema arrastrado por los últimos 10 gobernadores, el Ejecutivo de Jalisco se comprometió públicamente a poner en marcha el modelo Ruta-Empresa, para el transporte público, antes de terminar su sexenio. Algo que se consideró muy difícil de instrumentar, ya que detrás de las concesiones, permisos y rutas del transporte público hay fuertes e inconfesables intereses ligados a ex gobernadores, líderes sindicales, políticos encumbrados y empresarios relacionados con el poder político en Jalisco. Modificar las condiciones existentes de arreglos clientelares, corporativos y corruptos, significa tocar las fibras nerviosas más sensibles del poder político en el Estado.

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El 16 de enero de 2017, el gobernador de Veracruz presentó una iniciativa de decreto para modificar el artículo 23 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de ese estado. En este artículo es donde se especificaba que la Secretaría de Vialidad (por sí o a través de terceros) podría utilizar dispositivos tecnológicos automatizados para verificar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento.

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