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Date archive for: julio 2017

Existe en Jalisco ¿el ‘cártel del agua’?

El pasado 29 de mayo, Milenio Jalisco publicó una entrevista al coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. La entrevista la realizó el periodista Agustín del Castillo, bajo el título, “Constructores no buscan la “gestión integral del agua”. La entrevista pone el dedo en la llaga, en voz del titular del observatorio, al advertir algo que poco se ha discutido en Jalisco.

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Hernández Barrón, ¿continuidad o cambio? en la CEDHJ

Culminan diez años de gestión de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Nos deja, como insólita carcajada, el libro “Una década de Derechos Humanos en Jalisco 2007-2017”. La gestión de Álvarez Cibrián se puede calificar como descafeinada, gris, que cumplió apenas con los mínimos. Lo indispensable, apenas, y en ocasiones ni eso. Ayer el Congreso del Estado eligió al quinto presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y resolvió por Alfonso Hernández Barrón, que fue parte de la administración de Felipe Álvarez.

 

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Los pasos para construir ‘torres chuecas’ en la ZM de Guadalajara

Ayer, en Mural, se publicó senda columna de la Coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, en el Ayuntamiento de Guadalajara. El debate convocado fue sobre la construcción de ‘torres chuecas’ -en la Zona Metropolitana de Guadalajara- bajo la premisa de “Compensar o Demoler”. En el texto de marras, Patricia Martínez reconoce que “encontraron cerca de 160 casos con licencias otorgadas fuera de norma por anteriores administraciones”. De forma que emitieron un reglamento para legalizar lo ilegal, mediante pagos de “compensación y mitigación”. Así declara que “45 edificaciones, pagarán alrededor de 150 millones de pesos y realizarán 96 acciones para mitigar el impacto de sus construcciones”. Se justifica y afirma que ‘mitigando’ con un pago a valor catastral (ojo, no comercial), legalizan eso que se construyó de forma absolutamente ilegal, corrupta y que viola los planes parciales de desarrollo.

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MC y PRI, ¿qué se traen entre manos?

primcDice el diccionario que la independencia es “la antinomia de la dependencia”. Para el caso del Fiscal Anticorrupción, la independencia en una institución que puede existir o funcionar por sí misma, sin que deba aceptar, tolerar o permitir injerencias externas. Mientras que la autonomía “se relaciona con poder ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sin la intervención de otra persona o sujeto social”. Implica, naturalmente, la capacidad de autodeterminación. Si se trata de combatir con la mayor eficacia la corrupción; la independencia, es, en principio, un punto fundamental para el óptimo funcionamiento de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción. De lo contrario, tendremos más burocracia, para seguir igual. Un ‘gatopardismo’ muy propio de los gobiernos de México, que responden con burocracia a demandas sociales muy sentidas, que luego no solucionan los problemas que motivaron su creación. En este caso, un fiscal dependiente de un acuerdo cupular bipartidista, sometido al favor que le hicieron al ungido de incluirlo en la terna, para poder ser electo.

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43 los juicios políticos ‘congelados’ en el Congreso

Los diputados del Congreso del Estado de Jalisco aprobaron iniciar siete procesos de juicio político en contra del exmagistrado Luis Carlos Vega Pámanes. Los siete dictámenes de incoación de juicio votados por los diputados, se desprenden de las denuncias presentadas el año pasado tras la infortunada llamada que le grabaron, además de un tanto más, pos las presuntas irregularidades detectadas en la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial. Corresponde ahora a la Comisión de Responsabilidades del legislativo local el desahogo de los procesos, así como la valoración de los elementos necesarios para la propuesta de sanción al ex magistrado. Se presume que Vega Pámanes podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, por lo que no hay duda que acudirá a jurisdicciones federales para solicitar un amparo, tal como lo hiciera Alberto Barba, magistrado del Tribunal Administrativo de Jalisco (TAE).

Congreso

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