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Date archive for: septiembre 2017

Por una Fiscalía General Autónoma, ¿pero inservible?

Cuando iniciaba el periodo del gobernador de Jalisco se realizaron dos reformas Constitucionales para crear una mega Fiscalía General, que entre otras cosas, unificó el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. Con este modelo, tan cacareado y tan vendido entonces, se resolverían los problemas estructurales para atender el preocupante ascenso en los índices de delincuencia e inseguridad. Poco más de cuatro años, el Ejecutivo introduce una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para dejar sin ‘dientes’ a la misma dependencia. ¿Será el reconocimiento explícito del fracaso del modelo estructural (de diseño de la dependencia) que entonces elaboraron los genios de la ‘burbuja’ del gobernador? ¿Será este otro mea culpa de la dañina influencia de ese grupo de interés?

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Un magistrado corrupto, ¿desafía al Congreso?

El miércoles pasado se aprobó, a través de la Comisión de Responsabilidades del Legislativo estatal, la eventual destitución del magistrado Alberto Barba Gómez como magistrado de la Sexta Sala del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), además de un una sanción de diez años de inhabilitación para ocupar algún cargo público. La construcción de edificios verticales prolifera en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), debido a que se emiten licencias de construcción que no cumplen con la norma, la mayoría avaladas por el TAE, a través de la figura de la ‘afirmativa ficta’. Se trata de un silencio administrativo cómplice de las autoridades municipales respecto a la solicitud de licencia de construcción, que luego les permite a los constructores ejercer el derecho de acudir a un tribunal, que previo moche, les concede la licencia. El instrumento jurídico es usado para autorizar permisos de construcción fuera de norma a particulares, con los sobornos de por medio. Han trascendido las investigaciones contra el magistrado Alberto Barba, realizadas por la Comisión de Responsabilidades del Congreso local. Apuntan a un abuso de autorizaciones a través de la figura de la ‘afirmativa ficta’, lo que ampliamente se ha documentado en los diarios.

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En el caso del Aeropuerto, la SCJN concede la razón a Ejidatarios

El pasado lunes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguraba que los terrenos en disputa del Aeropuerto Internacional de Guadalajara habían sido liquidados, puesto que “se habían realizado los pagos correspondientes”. Representantes del gobierno federal y estatal, del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), coincidían en que los pagos realizados a los ejidatarios de ‘El Zapote’ cubrían la liquidación. A su vez, los ejidatarios señalaban que la liquidación no se había pagado, ni siquiera antes de que la SCT concediera al GAP la concesión de la terminal aérea. Pues bien, ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la última instancia jurídica de México) emitía un fallo a favor de los ejidatarios de ‘El Zapote’, que echa abajo la argumentación de la SCT, esa irresponsablemente respladada por la CONCAMIN, así como por el gobierno de Jalisco. Así que aquella versión de que el gobierno federal ya había pagado por los predios del Aeropuerto, expropiados en 1975 a los ejidatarios tras los decretos presidenciales para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, simplemente quedó demostrado juridicamente (en última instancia, la SCJN), que no es así.

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