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Mes: septiembre 2017

Por una Fiscalía General Autónoma, ¿pero inservible?

Cuando iniciaba el periodo del gobernador de Jalisco se realizaron dos reformas Constitucionales para crear una mega Fiscalía General, que entre otras cosas, unificó el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. Con este modelo, tan cacareado y tan vendido entonces, se resolverían los problemas estructurales para atender el preocupante ascenso en los índices de delincuencia e inseguridad. Poco más de cuatro años, el Ejecutivo introduce una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para dejar sin ‘dientes’ a la misma dependencia. ¿Será el reconocimiento explícito del fracaso del modelo estructural (de diseño de la dependencia) que entonces elaboraron los genios de la ‘burbuja’ del gobernador? ¿Será este otro mea culpa de la dañina influencia de ese grupo de interés?

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¿Qué se necesita para combatir la corrupción?

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que dio pie al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En este decreto se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de combate a la corrupción. De esta forma entramos en la vorágine para crear más burocracia, que supuestamente combatirá la corrupción. Como suele ocurrir, bailamos al son que nos tocan. Así que comenzamos a discutir muy en serio un sistema anticorrupción, con fiscalía incluida.

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De 1985 a 2017: En 32 años se aprendió de la tragedia

Hace 32 años, el 19 de septiembre de 1985, miles de ciudadanos se ofrecieron como voluntarios para brindar ayuda después del sismo de 8.1 grados –Richter- que sacudió a la CDMX. Aquel, con epicentro en costas michoacanas, mismo que causó infinidad de daños y el colapso en cientos de edificios (371 para ser exacto). Entonces, las pérdidas humanas se calcularon entre 6 mil y 7 mil personas de manera oficial, con estimaciones que llegan hasta el elevado número de 10 mil personas fallecidas. Treinta y dos años pasaron –y vaya que la casualidad se asomó esta vez, pues ¿qué probabilidad había de que se diera un sismo tan intenso, precisamente este 19 de septiembre?– cuando a las 13:14 horas de este martes, la Tierra dejó sentir su fuerza y sacudió de manera violenta una vez más a la CDMX y sus alrededores. Con los 7.1 grados –Richter-, con epicentro en Axochiapan, Morelos, dejó esta vez poco menos de 100 de edificios colapsados y cientos más dañados sólo en la CDMX. Protección Civil, a las 15:13 horas de ayer, estimaba un número aproximado de 223 personas fallecidas: 93 en la CDMX; 69 en Morelos; 43 en Puebla; 13 en el Estado de México; 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

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171 torres ‘chuecas’, ya legalizadas

Hace tres días se dio a conocer que el Gobierno de Guadalajara tiene intención de demoler cuatro edificaciones –de las conocidas como “torres chuecas”–, en razón de que los desarrolladores se negaron a formar parte de aquél programa que ‘regulariza’ las edificaciones verticales –violatorias de los planes parciales de desarrollo–, a cambio de un pago para supuestamente equilibrar, compensar, indemnizar y mitigar la afectación urbana. Las cuatro torres susceptibles a ser demolidas son parte de las 160 que se contabilizaron como ilegales. La coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Patricia Martínez, confirmó que 45 de las 160 torres ya fueron aprobadas (las legalizaron mediante pago simbólico), y que el viernes pasado se tenía contemplado aprobar en sesión de cabildo el esquema de compensación para 11 torres ilegales más, sumando así un total de ¡171 torres ’chuecas’ en Guadalajara!.

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El ganador, Emilio González Márquez

Foto: Eje Central

El mandato del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval llega su recta final. Se trató de un gobierno de alternancia, después de 18 años consecutivos gobernados por el Partido Acción Nacional. Aristóteles logra la gubernatura bajo una alta expectativa de cambio del electorado, con su singular carisma y la alianza de muchos grupos. Una parte del voto con el que el PRI gana las elecciones a gobernador provienen de su voto duro histórico, de su alianza con el PVEM y con el PRD (de facto). Pero otra parte importante fue voto de castigo y con expectativa de alternancia; de cambio en el ejercicio del poder. Las consecuencias del sexenio de la corrupción fueron tan funestas, que indirectamente el candidato del PRI logró capitalizar el anhelo de los votantes. Con esperanza se pensó que con un cambio de partido en el gobierno, las prácticas del sexenio de la corrupción, encabezado por Emilio González, serían sancionadas por un partido distinto al que gobernó por 18 años consecutivos.

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Un magistrado corrupto, ¿desafía al Congreso?

El miércoles pasado se aprobó, a través de la Comisión de Responsabilidades del Legislativo estatal, la eventual destitución del magistrado Alberto Barba Gómez como magistrado de la Sexta Sala del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), además de un una sanción de diez años de inhabilitación para ocupar algún cargo público. La construcción de edificios verticales prolifera en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), debido a que se emiten licencias de construcción que no cumplen con la norma, la mayoría avaladas por el TAE, a través de la figura de la ‘afirmativa ficta’. Se trata de un silencio administrativo cómplice de las autoridades municipales respecto a la solicitud de licencia de construcción, que luego les permite a los constructores ejercer el derecho de acudir a un tribunal, que previo moche, les concede la licencia. El instrumento jurídico es usado para autorizar permisos de construcción fuera de norma a particulares, con los sobornos de por medio. Han trascendido las investigaciones contra el magistrado Alberto Barba, realizadas por la Comisión de Responsabilidades del Congreso local. Apuntan a un abuso de autorizaciones a través de la figura de la ‘afirmativa ficta’, lo que ampliamente se ha documentado en los diarios.

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En el caso del Aeropuerto, la SCJN concede la razón a Ejidatarios

El pasado lunes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguraba que los terrenos en disputa del Aeropuerto Internacional de Guadalajara habían sido liquidados, puesto que «se habían realizado los pagos correspondientes». Representantes del gobierno federal y estatal, del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), coincidían en que los pagos realizados a los ejidatarios de ‘El Zapote’ cubrían la liquidación. A su vez, los ejidatarios señalaban que la liquidación no se había pagado, ni siquiera antes de que la SCT concediera al GAP la concesión de la terminal aérea. Pues bien, ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la última instancia jurídica de México) emitía un fallo a favor de los ejidatarios de ‘El Zapote’, que echa abajo la argumentación de la SCT, esa irresponsablemente respladada por la CONCAMIN, así como por el gobierno de Jalisco. Así que aquella versión de que el gobierno federal ya había pagado por los predios del Aeropuerto, expropiados en 1975 a los ejidatarios tras los decretos presidenciales para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, simplemente quedó demostrado juridicamente (en última instancia, la SCJN), que no es así.

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