En efecto, la alternancia no significó transición, pues pasamos del sexenio de la corrupción al sexenio de la impunidad. Si algo se les quedó a deber a los jaliscienses en este año 2015, es precisamente justicia para quienes desviaron poco más de 7,500 millones de pesos, tan sólo durante 2012.
Se advierten esfuerzos para disminuir el robo en todas sus modalidades [casa habitación, transeúnte, a negocio, etc.], pero paradójicamente no se acredita mayor esfuerzo para inhibir el más lacerante de todos los robos: el peculado al patrimonio público. Se atiborran discursos con el concepto «Estado de Derecho», cuando su antinomia por excelencia se encuentra omnipresente en la vida pública de Jalisco; la impunidad. En efecto, la alternancia no significó transición, pues pasamos del sexenio de la corrupción al sexenio de la impunidad. Si algo se les quedó a deber a los jaliscienses en este año 2015, es precisamente justicia para quienes desviaron poco más de 7,500 millones de pesos, tan sólo durante 2012.
Precisamente como consecuencia de la falta de voluntad política para combatir la corrupción, en 2015 terminan impunes las 12 denuncias penales que el Contralor del Estado ha presentado a la Fiscalía General de Jalisco, por un «daño patrimonial» que asciende a poco más de siete mil 573 millones de pesos. Para poner el dato en perspectiva, resulta oportuno destacar que el municipio más importante de Jalisco –Guadalajara– tendrá un presupuesto de seis mil 549 millones de pesos para todo 2016, esto es, la capital jalisciense ejercerá el próximo año un 16 por ciento menos de lo observado en 2012 a Emilio González Márquez. De ese tamaño es el desfalco, que hoy permanece impune. Asimismo, de acuerdo a la Fiscalía General, actualmente existen un total de 60 averiguaciones previas abiertas en contra de ex funcionarios del Estado, de las que sólo cinco han sido consignadas ante un juez [Coll, Pérez Pozos, Gómez Quiñones, etc.]. No obstante, de éstas sólo una –apenas una– concluyó en sanción penal, la de Rodolfo Ocampo (Siapa). Una irrisoria efectividad de 1.6 por ciento para el combate a la corrupción en Jalisco.
En la misma sintonía se encuentra Chalacatepec, que ahora «reformado» prevé desarrollarse –no es broma– ¡a 99 años! Se trata de un proyecto fraudulento que le vendió a sobre precio 8.5 veces el metro cuadrado a IPEJAL –el gran financiador de todo el «buen desmadre» que trajo Emilio–. De esta manera, se compraron mil 200 hectáreas para terminar explotando –según el «nuevo y corregido» proyecto [el que se concluirá en 99 años] – sólo 164 hectáreas, es decir, el 13.7 por ciento del total de lo adquirido.
Otro caso para el anecdotario es la Ciudad Judicial –el «robo del Siglo»–, que costó mil 100 millones de pesos y cuenta con un tercer piso en obra negra [al que se le tendrán que invertir otros 220 millones de pesos], sin contar el hecho de que ya se observa a todas luces la mala calidad de la obra: patio central cuarteado, azulejos despegados en pasillos, baños rotos y un largo etcétera. A contrapelo, Ciudad Judicial Federal –vecina del inmueble estatal– costó mil 200 millones de pesos, con 2.2 veces más metros cuadrados de construcción. De igual forma, gracias a la protección política de este gobierno, sigue impune el atraco en las Villas Panamericanas. Este «elefante blanco» para el que se dispusieron ilegalmente 690 millones de pesos del Iprovipe y 340 millones del IPEJAL, al no obtener los créditos bancarios necesarios por tratarse de una inversión financiera de «alto riesgo», puesto que nunca contó con el permiso de habitabilidad, ni el estudio de impacto ambiental, a razón de que se erigieron sobre una área de recarga de mantos freáticos.
En la misma tónica se encuentra la desproporcionada ordeña de recursos en el Congreso del Estado de Jalisco, perpetrada durante la 58 y 59 Legislatura, por un monto que asciende a los 685 millones 093 mil 713 pesos. En perspectiva, el «robo al pueblo» [caso López Castro], sólo comprende el 0.08 por ciento de este monto, pues únicamente le fueron pagados 525 mil pesos. En esta macro ordeña se pagaron millonarios seguros de vida, 53 veces por encima del valor de mercado. Asesorías «fantasma», así como el robo de los impuestos, aportaciones pensionarias y de seguridad social de los trabajadores, y un larguísimo etcétera. Cierra otro año más del gobierno de alternancia, que con hechos demuestra el mismo comportamiento cínico frente al poder, al tolerar y con ello alentar, la más insultante impunidad en Jalisco.