Los diputados del Congreso del Estado de Jalisco aprobaron iniciar siete procesos de juicio político en contra del exmagistrado Luis Carlos Vega Pámanes. Los siete dictámenes de incoación de juicio votados por los diputados, se desprenden de las denuncias presentadas el año pasado tras la infortunada llamada que le grabaron, además de un tanto más, pos las presuntas irregularidades detectadas en la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial. Corresponde ahora a la Comisión de Responsabilidades del legislativo local el desahogo de los procesos, así como la valoración de los elementos necesarios para la propuesta de sanción al ex magistrado. Se presume que Vega Pámanes podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, por lo que no hay duda que acudirá a jurisdicciones federales para solicitar un amparo, tal como lo hiciera Alberto Barba, magistrado del Tribunal Administrativo de Jalisco (TAE).
El juicio político es aquel que se ejerce, a través de órganos soberanos (asambleas legislativas), sobre funcionarios públicos en materia política. “Es el juicio ético-administrativo, al cual son sujetos ciertos funcionarios públicos, con independencia de cualquier juicio penal, por lo que las sanciones también son evidentemente políticas” (Diccionario Universal de Términos Parlamentarios). Es conveniente distinguir claramente entre un juicio, que es la controversia y decisión legítima de una causa ante y por un juez competente; y el juicio político, que es un proceso totalmente ‘político’ realizado por la representación soberana de los ciudadanos.
María del Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión Legislativa de Responsabilidades, tiene ahora una seria encomienda con éste y otros magistrados, incluido Alberto Barba, pues a través de ello se demostrará la capacidad sancionadora del Congreso de Jalisco, en este procedimiento de control político de responsabilidades tan relevante para la representación soberana de los jaliscienses. Esta Comisión tiene aún pendientes otros juicios políticos, incluido el más añejo contra el exalcalde de Sayula, que data de 2014. Son ya 43 los juicios políticos “congelados” en esta comisión, pues se carece de un plazo específico para someterlos a votación en el pleno del Congreso, lo que indica la falta de voluntad política de algunos diputados locales para ejercer una importante facultad que está a su alcance, misma que permite inhabilitar –que resulta una sanción efectiva- a funcionarios corruptos. Estas tareas pendientes contrastan, ahora que la diputada asume la presidencia de la Comisión Especial para dictaminar la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Destacan porque hasta ahora ha sido incapaz de dar curso, con celeridad, a los juicios políticos pendientes y, con ello, acreditar su auténtica vocación de combate a la corrupción.
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