Imagen: Fusagasuga Noticias
Sergio Aguayo, periodista y académico del Colegio de México, fue sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para cubrir una garantía de 450 mil pesos, por concepto de daño moral en prejuicio del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Todo esto forma parte del acoso judicial del que ha sido objeto Aguayo, desde que fue demandado por el ex mandatario, debido a que escribió un artículo editorial en el que señaló que Moreira “desprende un hedor corrupto”. Viene bien recordar en qué contexto ocurre esta desafortunada sentencia de un juez. Afortunadamente, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez, informó que asumió la atracción del amparo de Sergio Aguayo. De suerte tal que la Primera Sala tendrá la decisión final con relación al caso, que parece podría corregirse en la última instancia.
Así las cosas, todo parece indicar que del máximo Tribunal de México (la SCJN) le dará la razón al periodista Sergio Aguayo y lo absolverá de todo cargo. Sin embargo, esto no debió ocurrir ¿Cuántos casos de periodistas se ven implicados en una situación similar (Carlos Loret, Pedro Mellado, etc.)? Obsérvese que la facultad de atracción de la SCJN es extraordinaria en virtud de la trascendencia mediática de este asunto. Lo positivo es que este caso podría sentar un criterio muy útil para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Ahora bien, resulta oportuno preguntarse, ¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para investigar el proceder de este juez? Este órgano de administración de justicia tiene facultades para promover sanciones pecuniarias, destitución e inhabilitación del Magistrado relacionado con este caso.
Recordemos que la libertad de prensa enfrenta un contexto desafiante en nuestro país, derivado de las singulares condiciones de impunidad, inseguridad y violencia que registra México. De acuerdo al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (2019), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 a 2018 se tienen registrados un total de 141 homicidios de periodistas y defensores de éstos. Los cinco estados con mayor incidencia de homicidios de periodistas son Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15) y Chihuahua (14). Si bien es cierto, en México ‘existe’ libertad de prensa que, desde el punto de vista netamente ‘juridicista’ implica únicamente la ausencia de censura previa: No obstante, existen otros tipos de censuras para el periodismo, no abordadas en la doctrina jurídica, que podrían distinguirse de la siguiente manera: la ‘censura sutil’ [la ejercida por los gobiernos a través del gasto discrecional e inversión publicitaria en medios en materia de Comunicación Social]; la ‘autocensura’, derivada de amenazas, después de ser publicada una información delicada o reportaje; y ‘censura violenta’ que, como la última, surge de manera posterior a la publicación del periodista y propicia la ‘autocensura’, no obstante, esta tiene como grado superlativo de violencia al asesinato. En todo caso, es importante señalar que la violencia ejercida contra periodistas deviene no sólo de la autoridad, sino también de la delincuencia organizada.
Esta trágica vorágine de hechos violentos en contra de periodistas en territorio nacional, han propiciado que la reconocida ONG, (I)Reporteros Sin Fronteras, en 2019 catalogara a México como “uno de los países más mortíferos para los medios de comunicación”; y que, en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, nuestro país aparezca en el nada honroso 144° peldaño, de entre un total 180 países evaluados, ubicándose así en el conjunto de 52 naciones donde la libertad de prensa enfrenta una “difícil situación”.
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