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Ayer, el dirigente del PAN, Gustavo Macías, solicitó la renuncia del Fiscal General. Acusa que en Jalisco se aplica una “justicia selectiva”, debido a que el viernes de la semana pasada se detuvo al expresidente de Guadalajara, César Coll, por desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones. La petición del PAN suena a un intento de chantaje para defender a quienes participaron de la corrupción, justo cuando a nivel nacional, Acción Nacional emprende una cruzada por la ley anticorrupción.
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No obstante, en efecto, en Jalisco se aplica una justicia selectiva. Ello, debido a que el principal responsable de la corrupción se mantiene impune, gracias a la protección política que recibe desde lo más alto del gobierno de Jalisco. Viene bien recordar que la contraloría de Jalisco detectó irregularidades en 7 mil 537 millones de pesos, sólo en el último ejercicio fiscal del gobierno de Emilio. Estas irregularidades representan casi el 10 por ciento del total del presupuesto ejercicio por el ex gobernador, mismo que ascendió a 74 mil 549 millones de pesos. De este monto total de recursos observados, mil 932 millones de pesos son irregularidades cometidas por los ex secretarios del gabinete, mientras que cinco mil 188 millones de pesos son irregularidades cometidas por diversos Organismos Públicos, como el CAPECE, el CODE, el IPEJAL, Servicios y Transportes, entre los más representativos.
Destaca en ello la compra de terrenos en Chalacatepec, vendidos a IPEJAL a tres veces su valor. En la Secretaría de Desarrollo Rural se mantienen impunes los 22 millones observados por la ASF, sólo en recursos federales. La compra de 39 motoconformadoras inservibles, de origen chino, por más de 6.4 millones de dólares. Impune continúa el caso Iconia, donde particulares retienen un predio propiedad de Guadalajara, sin haber pagado absolutamente nada al Ayuntamiento. De igual forma, el “Robo del Siglo” en la Ciudad Judicial, o el “robo al pueblo” en el Congreso, con el caso López Castro.
A César Coll se le arresta por el desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones, por tres montos que suman 3 millones 971 mil 546 pesos. En Tabasco, a Andrés Granier se le procesó por la malversación 2 mil millones de pesos. Pero Emilio González desvió 7 mil 537 millones de pesos, sólo en su último ejercicio fiscal, y no se realiza hasta ahora ninguna acción en su contra. De tal forma que pareciera que el gobierno de Jalisco busca chivos expiatorios en funcionarios de segundo y tercer nivel, para desviar la atención de la protección que sí otorga al principal responsable de la corrupción: Emilio González Márquez. Así que el dirigente del PAN acierta cuando señala que, en Jalisco, se aplica una “justicia selectiva”. Efectivamente, por la insultante impunidad que se mantiene con Emilio.