Fotografía: UDGTV
Es cierto, en Jalisco no es habitual una protesta como la que ocurrió el 4 de junio de 2020. Aunque ya en 2004, los globalifóbicos protagonizaron un episodio muy similar. También es cierto que ocurren decenas de crímenes cada semana que no sacan a las calles a cientos de personas, como sucedió en esta peculiar ocasión. Esta vez, la protesta se organiza en las redes sociales, y detona con violencia en la puerta del palacio de gobierno. El caso de Giovanni López es uno de esos cientos de homicidios impunes que pesan sobre Jalisco. Pero esa normalización de la violencia parece que llegó a tope en la tolerancia social. El 4 y el 5 de junio acudieron organizaciones e individuos dispuestos a manifestarse, incluso en medio de una pandemia. También se dieron cita infiltrados y agitadores profesionales que responden a consignas y agendas político-ideológicas, como en casi todos los movimientos sociales relevantes.
El conocimiento público masivo de la ejecución de Giovanni López, a cargo de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, agitaron la indignación de la sociedad jalisciense e hicieron constatable una trágica realidad entre las instituciones que son responsables de la delicada función de ofrecer seguridad –tanto en el orden municipal como estatal– y procurar justicia en Jalisco. La responsabilidad de este asesinato no sólo recae en la corporación policial de un municipio, sino en la deliberada impunidad que obtuvo por un mes, por omisión de la Fiscalía del Estado: los elementos de seguridad municipales vinculados a este sanguinario caso siguieron en funciones –en su debido momento ni siquiera fueron separados del cargo–, a pesar de que el delito de homicidio doloso amerita prisión preventiva oficiosa.
El segundo día de manifestaciones (5 de junio), la circunstancia terminó por revelar un problema más complejo, exclusivamente inherente a Jalisco. Policías investigadores (exclusivamente ellos) incurrieron en la ‘desaparición forzada’ de jóvenes, con métodos propios de una organización criminal, a pesar de que éstos ejercían sus derechos humanos fundamentales y constitucionales, como la libre manifestación de ideas, la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión. Según lo dicho por el titular de la Fiscalía de Jalisco, a los jóvenes los detuvieron policías investigadores, “violentando todas las normas constitucionales y de derechos humanos”. Es importante destacar que el delito de ‘desaparición forzada’ no implica necesariamente el asesinato de una persona o su desaparición indefinida.
De forma que las protestas cobraron fuerza debido a un clima de impunidad que lleva años acumulando malestar social. Resulta innegable la grave crisis en el sistema de procuración e impartición de justicia en Jalisco, que son el origen y la causa de este justificado mal humor social y de las protestas que surgen por la ineficacia -comprobada ahora- con que operan estas instituciones. La exigencia pública sobre el gobierno debe evitar ser reduccionista: no sólo debe resolverse a la brevedad el ineludible e inaplazable deslinde de responsabilidades, sino la urgente y necesaria ‘refundación’ y depuración de la Fiscalía y del Poder Judicial en Jalisco.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/cual-es-el-origen-y-la-causa-de-las-protestas