Jalisco
La situación de inseguridad en Jalisco se encuentra en un estado crítico. La dimensión dual de la seguridad registra picos récord dentro de sus dos enfoques de medición, la objetiva (factual) y la subjetiva (perceptiva). El INEGI publicó la «Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2017», que fue levantada en las capitales y algunas otras ciudades. En ella se advierte que en marzo de 2017, el 59.9 % de la ciudadanía residente en Guadalajara se sentía insegura; para septiembre de este año, el porcentaje de tapatíos que se sentían inseguros ¡ascendió a 70.6 por ciento!. Por supuesto, todo parece indicar que la percepción social es justificada a la luz de los indicadores en materia de seguridad.
De acuerdo a MIDE JALISCO, el rey de los delitos es el robo en todas sus modalidades [a transeúnte/persona, casa-habitación, negocio, vehículo, etc.]. En nuestro estado, el robo a persona/transeúnte registra un crecimiento de 106 por ciento, si se analiza/evalúa/considera la tendencia e incidencia delictiva suscitada de enero a septiembre de 2017 [denuncias: 2,306 en 2016; 3,563 de enero a septiembre de 2017]. Bajo este mismo comparativo parcial, el robo a negocio está registrando un crecimiento de 85 por ciento [denuncias: 2,797 en 2016; 3,900 de enero a septiembre de 2017]; el robo de vehículo particular, creció 29 por ciento [denuncias: 8,345 en 2016; 8,046 de enero a septiembre de 2017]; y el de casa habitación, aumentó un 15 por ciento [denuncias: 4,436 en 2016; 3,842 de enero a septiembre de 2017]. Este escenario, basado en el número de denuncias hechas ante la Fiscalía, adquiere mayor relevancia si lo contrastamos con la cifra negra que mide INEGI; es decir, con el porcentaje de delitos que NO son denunciados o no se les inicia una averiguación previa: el robo a persona adolece una cifra negra de 95.1 por ciento; el robo a casa-habitación registra una cifra negra de 90.7 por ciento; y el robo total de vehículo 31 por ciento.
Destacan dos cosas: 1) Los altos porcentajes en la percepción de inseguridad no se deben a los delitos de alto impacto [homicidio doloso, secuestro, extorsión]. Sino fundamentalmente a la sistemática, flagrante y creciente cantidad de robos al patrimonio de las personas, en todas sus modalidades (aquí no sumamos los robos impunes al patrimonio público). Esa es precisamente la inseguridad que percibe el grueso de la población, de manera directa. Por esta razón es que INEGI señala que el 28.8 por ciento de los mexicanos fue víctima de un delito en 2016, de entre los que destaca el rey de éstos, en cuanto a incidencia: el robo en todas sus modalidades. 2) Los delitos de alto impacto antes señalados, como el rey de los delitos (robo), son competencia del fuero común. Para los primeros, los de alto impacto, los gobiernos estatales se acusan superados por el crimen organizado y los cárteles de la droga. Es en todo caso la Federación, la que de facto se encarga de ellos (o deje de hacerlo).
No obstante, el robo en todas sus modalidades, rebasa injustificadamente a los gobiernos estatales, pues es la constante el incremento en la mayoría de las entidades federativas (como la nuestra). La policía municipal, como policía preventiva y de proximidad, no parece prevenir nada después de analizar los datos anteriores. El limbo jurídico que padecen las policías municipales de las grandes ciudades, como la de Guadalajara, hace que porten armas AR-15 y combatan el narcomenudeo –que es fuero común– (¿¿¿???), cuando son policías de proximidad. Todo lo anterior, se deriva del galimatías constitucional que en términos competenciales dispone nuestra Carta Magna: el artículo 21 señala «La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios» (tres en uno). No obstante, más que ser competencia concurrente, es coincidente, al no señalar los puntos de concurrencia en la medida que determina una responsabilidad compartida, pero que no logra ser diferenciada en competencias. Además, agreguemos a la muy deficiente procuración de justicia y de un sistema de impartición de justicia corrupto -al servicio del poder y del dinero-, la falta de precisión en la competencias en materia de Seguridad Pública…