El 26 de enero de 2011, bajo el gobierno de Emilio González Márquez, inició el programa de fotomulta asociado con una empresa que estableció un arreglo mediante el cual, de cada fotoinfracción, la empresa recibía una parte, según consta en el contrato 02/11 de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Este primer contrato finalizaría hasta el 28 de febrero de 2013, por el «suministro y operación del equipamiento de los sistemas de detección de exceso de velocidad», así como el mantenimiento del software y equipos, publicidad y señalización correspondientes.

Naturalmente, a más fotoinfracciones, la empresa ganó mas dinero, puesto que recibe una cuota de cada multa. De forma que el diseño de este programa NO fue nunca para reducir accidentes o disminuir el límite de velocidad. De serlo, el propósito sería que con las infracciones, se disminuyera la mala conducta en el volante. Pero contrario a ello, año con año las fotomultas crecieron exponencialmente en Jalisco, así como la tajada para la empresa y los coyotes en el gobierno que la defendieron hasta con las uñas. El modelo lo creó Emilio González Márquez, a recomendación de Diego Monraz. Finalmente se constituyó un programa recaudatorio, plagado de inconsistencias legales, que en la práctica mostró como único propósito sacar más dinero al contribuyente para un #FotoNegocio entre la empresa y sus entusiastas defensores dentro del gobierno. El crimen perfecto. Además todo vestido con la careta de ‘prevenir accidentes y salvar vidas’.

Los porcentajes que la empresa Autotraffic se lleva por cada multa pagada, son tan abusivos (40%), que generaron un enorme inconformidad. Igualmente fue cuestionada la correcta operación de los radares, así como el incremento exponencial de la aplicación de multas, que llegó al 400 por ciento (¿dónde está lo preventivo?). Así que el gobernador de Jalisco lazó una consulta abierta a la población. Como resultado, el 16 de julio de 2017, Aristóteles anunció que se cancelaría el contrato –o liquidaría anticipadamente- con la empresa que opera el programa de fotomultas en Jalisco, en un periodo no mayor a cuatro meses. No se cancelará la operación del programa de fotomultas, ojo, sino el arreglo corrupto con una empresa abusiva que le reclamaba ahora 140 millones al gobierno, por el equipo (que se ha pagado varias veces desde el 2011), y ‘el lucro cesante’ (así como lo lee) al que ellos creen tener derecho, por las ‘ganancias’ (de eso se trataba el arreglo) que dejarán de recibir por aplicar y cobrar más y más multas a los conductores, existan o no las infracciones.

Finalmente, el gobierno de Jalisco anunció que se finiquitará ya los contratos con la empresa, con seis meses de retraso en la fecha que el gobernador se comprometió. Cabe mencionar que la empresa Autotraffic encontró en el tribunal más corrupto de Jalisco (el TAE), la protección necesaria para encarecer y retardar la negociación, al obtener suspensiones al ‘estilo Jalisco’. De forma tal, que se liquidará a esta empresa con 73 millones de pesos. Mismos que corresponden a 26 millones por la adquisición del equipo (36 equipos), y 47 millones por todos los meses que han transcurrido, durante los cuales, se acumulan comisiones a la cuenta del #FotoNegocio.

Una vez finiquitada la relación con esta ‘empresa’, quedan pendientes los avances en las cinco acertadas medidas anunciadas por el gobernador, aquel 16 de julio de 2017: 1) Crear un fideicomiso a donde se destine lo pagado por las multas aplicadas para obras de infraestructura vial, remozamiento de calles y avenidas. Que se ha cumplido. 2) Asegurar que los radares estén debidamente calibrados, mediante certificación convenida con organismos empresariales y asociaciones civiles. 3) Garantizar la posibilidad de que las multas puedan ser permutadas por trabajo comunitario, se apliquen multas escalonadas, de acuerdo al exceso de velocidad. 4) Castigar con el retiro de licencia a quienes reincidan en circular a exceso de velocidad. 5) Adecuar el marco legal para que el programa, ahora a cargo del gobierno, opere legalmente, sin violar garantías constitucionales. Jalisco paga aún las consecuencias del #FotoNegocio de Emilio, uno más de los atracos impunes…

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