Imagen: La Silla Rota
Diez gobernadores decidieron abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para integrar la Alianza Federalista, tras cuestionar su utilidad toda vez que ‘ya no cumple la función para la que fue creada’. En efecto, la Conago es una organización de facto, no de jure. Esto hace que sus resoluciones no tengan efectos vinculantes, al no encontrarse prevista en el ordenamiento constitucional ni legal. No obstante, en sus inicios la Conago venía a representar, en los hechos, un factor real de poder: a finales de 2002, tan sólo el PRI tenía el control de 20 gubernaturas y la mayoría absoluta en estas legislaturas locales.
Ahora, parece un despropósito crear una Alianza Federalista que en el fondo representa lo mismo: una organización extra legal, aunque con poderes a todas luces disminuidos, toda vez que la integrarían 10 gobernadores (no 32). Además, porque de estos 10 gobernadores, tan sólo tienen mayoría absoluta en su legislatura local el de Guanajuato y Tamaulipas; mientras que, en Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Coahuila apenas cuentan con mayoría simple; a la vez que en las legislaturas Durango, Michoacán y Colima su partido es minoría. Vamos, en Nuevo León, el primer mandatario gobierna sin partido.
Entonces, ¿qué contrapeso representa esto ante el presidente de la República, cuando el primer Mandatario tiene mayoría absoluta –cuasi calificada– en ambas Cámaras y el control partidista en 19 legislaturas estatales? De las 15 gubernaturas que se renovarán en la jornada electoral del próximo año, se pronostica que Morena se haga de 10 más, sin contar el hecho de que cuatro de los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista dejarán su mandato el próximo año. Pero esta Alianza Federalista no sólo carece de atribuciones legales, sino de legitimidad democrática para disputarle sus facultades constitucionales. Además, sólo dos de los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista, recibieron más votos que el presidente de la República, dentro de sus propios estados.
La discusión formal para el fortalecimiento del federalismo en nuestro país debe suscitarse en el Senado –órgano que representa el pacto federal en nuestra estructura de gobierno–, no en las entidades federativas. El quid del asunto tendría que ver con la reformulación de las competencias constitucionales del Senado, y no precisamente de alianzas políticas entre gobernadores de oposición ¿Cómo hacer rendir cuentas a un jefe del gobierno federal, u obligarlo a acatar ciertas resoluciones derivadas de un grupo minoritario de gobernadores, cuando ni siquiera el jefe de gobierno responde políticamente ante el Senado o ambas cámaras?
El mismo exceso que constituyó la propuesta del presidente con los ‘superdelegados’ (que no existen en ningún texto legal o constitucional), ahora lo replican los gobernadores con una ‘Alianza Federalista’ que busca llamar a cuentas al presidente. Conviene preguntarse si quienes integran esta Alianza, ¿aceptarían o alentarían la creación de una ‘Alianza Municipalista’, al interior de los estados que gobiernan, que vele por los mismos propósitos, a efectos de gestionar similares problemas que un Gobernador critica al presidente, pero que tal vez replica en su trato con los municipios.
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