Precisamente uno de los aspirantes al cargo de auditor Superior del Estado de Jalisco -y subsecretario de Finanzas en el Estado-, Hugo Alberto Michel Uribe, es quien ha colaborado con los sesudos análisis para que en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) se realicen sendas inversiones que ascienden a 30 mil millones de pesos. El pasivo con que cuenta Ipejal por la brillante inversión en Abengoa, hasta 2015, se contabiliza en 27 millones de euros. En el Ipejal existen fideicomisos por más de 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales, 604 millones corresponden con la compra de bonos de deuda a Abengoa.
El Ipejal se consolida como el principal financiador de los más grandes “elefantes blancos” de Jalisco. Utilizó, con Emilio, 89 millones de dólares en el fraudulento proyecto de Chalacatepec. También, 340 millones de pesos en Villas Panamericanas. Se trata de un “Fideicomiso irrevocable” (como el de Iconia). Es el instrumento de moda para proteger los negocios “al estilo Jalisco”, para que ganen los viales empresarios que trafican con influencias, esta vez coludidos entre el Ipejal y Grupo Rasaland. Así que la constitución de un “Fideicomiso Irrevocable” o Asociación Público Privada –APP-, es el ingenioso inicio de un jugoso atraco al más puro “estilo Jalisco” [Chalacatepec, Villas Panamericanas, Iconia, Abengoa, etc.], esos donde pierde el patrimonio de Jalisco, con el despojo de recursos y bienes públicos, para que en contubernio con autoridades corruptas, los “arriesgados empresarios” del moche se llenen los bolsillos. Por eso vemos hoy a acaudalados hombres de negocios, de acomedidos “consejeros”, por pura filantropía. Ajá.
Recordemos que en 2011 (19 de septiembre), Abengoa obtuvo la licitación para la construcción del acueducto que llevará agua desde la presa El Zapotillo, hasta León, Guanajuato. El contrato se firmó el 14 de octubre, y en él, la empresa se comprometía a construirlo en 36 meses, cosa que no ha sucedido, como en su momento lo observó, Carlos Martínez Macías.
Todo esto ocurre porque en 2009, durante el gobierno de González Márquez, se modificó la Ley de Pensiones para permitir que un grupo opaco disponga de poder absoluto sobre el dinero de las aportaciones que los trabajadores realizan para su pensión y jubilación. Además, que puedan destinarlo a los más grandes fraudes, sin ningún tipo de supervisión del Congreso del Estado de Jalisco, ni mecanismo de rendición de cuentas. Así que Ipejal se convirtió en una caja negra, imposible de fiscalizar, donde se mueven discrecionalmente cientos de millones sin ningún control, ni mecanismo de responsabilidad pública. Lo más paradójico, es que aun así hablen de “gobierno abierto” en Jalisco; ese cuento donde les dan hoy atole con el dedo a ciudadanos, y cúpulas empresariales…