Al día de ayer (24/Ene/2016), el Gobierno del Estado de Jalisco registró una colecta total de 10 mil 893 firmas que se utilizarían como la base social de un amparo colectivo que se presentaría ante tribunales federales, a efectos de evitar la construcción de un complejo inmobiliario en el Bosque Los Colomos pues, debido a una más de las sentencias del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), el pasado 7 de enero este órgano jurisdiccional ordenó al Ayuntamiento de Guadalajara otorgar una licencia de construcción que permitiría iniciar una edificación, sobre uno de los más importantes pulmones de la Ciudad.
Bosque Los Colomos
El 9 de enero, Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval anunciaban un frente común para revertir jurídicamente esta decisión que abiertamente va en contra del interés público de la mayoría de la población. Pero los jefes políticos de las dos fuerzas parlamentarias más importantes en el Congreso [PRI-PVEM-PNA con 17 diputados; y PMC con 14 diputados], siguen sin considerar el juicio político como un eficaz y expedito método de control político del poder, para castigar e inhabilitar a algunos de los magistrados del TAE.
Más aún, de acuerdo al Art. 97 de la Constitución Local, para hacer efectivo el juicio político en contra de un funcionario público es necesario “el voto de por lo menos el sesenta por ciento de sus integrantes [en el Congreso], previa exclusión de los miembros de la Comisión de Responsabilidades”. En ese sentido, las fuerzas parlamentarias PRI-PVEM-PNA y PMC reúnen 28 diputados en Pleno, después de excluir al total de sus diputados que integran la Comisión de Responsabilidades (3). De esta forma, PRI-PVEM-PNA contarían con 15 y PMC con 13 diputados habilitados para aprobar el juicio político. Estas dos fuerzas parlamentarias unidas comprenden al 71.8 por ciento de los integrantes del Poder Legislativo del Estado.
En América Latina, el juicio político es un instrumento útil para hacer responder de sus actos a funcionarios públicos, incluso a altos mandatarios. El presidente paraguayo, Fernando Lugo, fue destituido por juicio político en 2012; y en 2015, el primer mandatario guatemalteco, Otto Pérez, fue desaforado por unanimidad en el Congreso. En Jalisco, el gobierno estatal asume un rol propio de una A.C. u ONG; y Alfaro destina el amplio respaldo del electorado a su partido, tanto en la ZMG como en el Congreso, para plantar arbolitos en el 50 por ciento de la superficie destinada a los estacionamientos del Bosque Los Colomos. Mientras tanto, brilla por su ausencia el uso del mecanismo de responsabilidad política, con el que sí podrían sancionar tanto abuso de algunos magistrados del TAE.