La constitución Política del Estado de Jalisco establece, en su artículo 59, que “para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJEJ) se requiere: IV … no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”. Pues bien, como lo publicó a ocho columnas Mural: Luis Carlos Vega Pámanes robó, mató, huyó; y dirigía el Poder Judicial de Jalisco. Así que cuando Vega Pámanes se presentó ante el Congreso del Estado, con un carta de decir verdad, él sabía que era inelegible para el cargo debido a que había sido condenado por delitos que expresamente lo inhabilitan. Pero mintió al Congreso y fue designado Magistrado, y luego electo presidente, con lo que se consumaron varios delitos.
Hoy que se confirma todo (ojo, gracias al periodismo libre, no a las contralorías, fiscalías o auditorías), y el mismo Pámanes reconoció que cometió esas faltas y fue condenado por esos delitos, es absolutamente ilegal que este martes presentara una licencia, y se mantenga aún como presidente con licencia en el STJEJ. Además, que la sesión fuera privada, cuando se trataba un caso absolutamente de interés y objeto público. Es un desafío a las instituciones que Luis Carlos pretenda regresar en enero al cargo, al término de la licencia. Como bien lo dijo ayer el Presidente de Guadalajara, “el hecho de que pida licencia y se vaya dos meses, y nada, es lo mismo. Ese señor tiene que estar fuera del Poder Judicial, y si cometió un delito tiene que estar en la cárcel”. Le asiste la razón Alfaro. Incluso, todos los actos de autoridad que ejerció, son nulos de derecho, porque de origen, el nombramiento como magistrado y su elección como presidente del STJEJ, son absolutamente ilegales. Vega Pámanes no debe pedir licencia. Está obligado a renunciar, y como efectivamente cometió un delito al mentir sobre sus antecedentes criminales, debe ser castigado, nuevamente, por otra trasgresión a la ley (otra más a su peculiar currículo).
Vega Pámanes no debe seguir con tres vehículos tipo Suburban, ocho guaruras asignados por la Fiscalía de Jalisco, el equipo de comunicación (radios) y ayudantes que paga el Poder Judicial, como si fuese aún presidente. En síntesis, un sujeto que reincide en violar la ley, y le ha provocado la peor crisis de legitimidad en la historia del Poder Judicial, no debería continuar medrando (ni se le debería permitir) de un cargo que obtuvo ilegalmente. Además, porque la evidencia lo exhibió como oficioso abogado defensor de presuntos delincuentes, mientras era el presidente del STJEJ. Quienes hoy respaldan a Luis Carlos, deberían sentirse avergonzados de la sin razón que cometen, del burdo atraco del que formaron parte. Exhiben una falta absoluta de responsabilidad, de ética, de entendimiento de la realidad…
El Gobernador de Jalisco ya se manifestó al respecto. Luis Carlos Vega no debe continuar. Pero alrededor del gobernador se mueven poderosas fuerzas que lo desobedecen y hasta contradicen. No obstante, corresponde, ojo, le corresponde al Congreso de Jalisco procesar mediante juicio político a quien continúa aferrado a permanecer, aún en franca y absoluta violación a la ley. Si el juicio político sirve para algo, este es un elocuente ejemplo de la necesidad de esta figura de responsabilidad. En segundo término, es menester de los magistrados que integran el Poder Judicial, tomar distancia de la red de complicidad que respalda a Pámanes. Tienen la oportunidad de recuperar lo perdido, al actuar con responsabilidad y de cara a la sociedad, en un asunto que lastima la legitimidad de las instituciones de Jalisco.