La Ley 3 de 3 es impulsada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco). Comprende que los servidores públicos hagan pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Pero además, contempla que habrá Ley General de Responsabilidades Administrativas, un Tribunal Federal de Justicia Administrativa (que no funcione como el cuestionado TAE) y una Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora bien, ¿qué tanto servirá que se transparente el patrimonio de un servidor público, sus intereses y el pago de sus impuestos? Sobre todo cuando a pesar de la transparencia, tan cacareada en México, los niveles de corrupción aumentan significativamente.
Veamos. En el ámbito federal, la transparencia comenzó a instrumentarse en nuestro país a mediados de 2003, con la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental [DOF 11/Jun/2002]. No obstante, a pesar de lo anterior, la calificación de México en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, no sólo no mejoró de 2002 a 2015, sino que empeoró en este periodo. Mientras que el IPC en 2002 señalaba que México tenía una calificación de 36/100 [100 significa «ausencia de corrupción» y 0 «muy corrupto»], para el Índice de Percepción de Corrupción 2015, nuestro país obtuvo una calificación de 35/100. Es decir, ¡empeoramos! con todo y la aparatosa implementación de las leyes de «transparencia». Peor aún, mientras que en 2003 aparecíamos en el lugar N° 57 del Ranking Internacional del Índice de Percepción de Corrupción [tanto más alejado del N° 1, peor estamos], para 2015 pasamos a ostentar el lugar N° 95. Significa que descendimos 38 lugares en el Ranking en tan solo 13 años (2003-2015), mientras que decenas de países en todo el mundo acreditaron avances en materia de combate a la corrupción y, en consecuencia, ocupan lugares más óptimos en el Ranking –caso contrario con México–.
Además, el aumento de menciones de corrupción en la prensa mexicana parece arrojar un diagnóstico que confirma que la corrupción empeoró, a pesar de las leyes de trasparencia. De acuerdo a Infolatina 2015, el ascenso de las menciones de corrupción en la prensa mexicana es impresionante: de 502 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra «corrupción» en 1996; se pasó a 29,505 notas y 2,587 titulares de casos de corrupción en 2014. En paralelo, también aumentaron y se perfeccionaron las leyes de transparencia y se habla más de gobierno abierto. La conclusión es que la transparencia en México no fue un instrumento suficiente para inhibir las conductas corruptas; en todo caso, transparentó apenas una insultante corrupción, y transparentó, también, la impunidad que existe por la falta de voluntad política de las autoridades para aplicar sanciones ejemplares. Así, la panacea anticorrupción sufrió un efecto contrario: pasamos de transparentar instituciones, para ante su absoluta ineficiencia, pasar a transparentar los bienes e intereses de servidores públicos.
Entonces, ¿por qué no ha funcionado la transparencia para inhibir la corrupción? Porque la transparencia debe ir de la mano de una profunda reforma a la procuración de justicia [investigación, persecución y consignación de los delitos de corrupción] y la impartición de justicia [sanción ejemplar de la corrupción]. Esto es, tenemos sobradas medidas de prevención [transparencia, rendición de cuentas, códigos de ética, gobierno abierto etc., y muy seguramente un 3 de 3 en fecha próxima], numerosos órganos de…Clic aquí para continuar.