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La comunicación social es una tarea fundamental, sin la cual, no se entenderían correctamente las políticas públicas implementadas por el gobierno. Ahora los contenidos de esa comunicación, en la era digital, son fundamentalmente disruptivos, multipantalla, interactivos, móviles y personalizables. Tal vez, debido a ello, las tareas más relevantes de la comunicación de algunos gobiernos ya no descansan en la estructura formal de comunicación social que aparece en el organigrama. Desde hace al menos una década la comunicación social, pública y política de algunos gobiernos es paulatinamente concesionada (una forma elegante de expresarlo) a empresas de comunicación que, mediante contratos encarecidos, atienden y satisfacen estas tareas para algunos gobernantes.
Pero en aras de un buen fin, la buena comunicación -creativa, disruptiva, interactiva, multipantalla, móvil y personalizable-, no justifica el medio – las asignaciones directas, sin licitación, excesivamente dispendiosas, a empresas de las cuales algunos funcionarios del mismo gobierno son socios-. La necesaria tarea de realizar un buen diseño y estrategia para una comunicación social, política y pública efectiva, creativa y disruptiva, no tiene necesariamente que cumplirse con empresas externas, mediante asignaciones millonarias y bajo procedimientos que riñen con los más elementales criterios del gasto público y de la transparencia. ¿Hasta dónde llega la empresa y hasta dónde la empresa participa y decide tareas que le corresponden a determinada área del gobierno? ¿Se deben subordinar las oficinas públicas de comunicación social a las directrices marcadas por alguna empresa, que además cobra 100 veces más recurso fiscal que el sueldo de los responsables formales de la comunicación en los gobiernos? La comunicación que se contrata a estas empresas es ¿social, pública o política? O será en realidad tan costosa porque su verdadero propósito es la promoción de futuras aspiraciones electorales, obvio, pagadas con el dinero de nuestros impuestos. El eje de la comunicación contratada a estas empresas, es ¿para promover al gobierno, sus acciones y políticas públicas? O será ¿para construir la candidatura a otro cargo público, bajo el cobijo ilegal del presupuesto público?
La mayoría de estas empresas de comunicación, excesiva –y sospechosamente- bien pagadas, cobran tanto, tal vez por que ocultan un servicio caro e ilícito que proporcionan a sus entusiastas defensores: Agreden -financiadas con recursos públicos- a los adversarios de su “cliente”, “administran” perfiles falsos, venden “protección política” en redes sociales, “difunden” información falsa de sus opositores, confeccionan “memes” y publicidad ofensiva, inventan historias para erosionar reputaciones a través de membretes en sitios Web, que afirman realizar “periodismo”. Automatizan personalidades falsas en Facebook y Twitter, por ejemplo. Son expertos en la calumnia digital, el infundio, el libelo y la intimidación. Todo, off course, con cargo al erario. Reclutan periodistas en apuros para convertirlos en parte de su ejército de guaruras digitales. Como buenos empresarios, venden sus servicios al que pueda pagarlos. Por eso, justo por eso, se contratan este tipo de “servicios” por decenas de millones, que esconden en realidad el inconfesable propósito de la basura que, mediante el dispendio de mucho dinero público, efectivamente propagan amparados en contratos millonarios, mismos que oficialmente deberían ser para la comunicación social del gobierno. Además, hay que dejarlo claro, esto ocurre tanto con tirios… como con troyanos.