Haciendo gala de la obscena impunidad que reina en Jalisco, el polémico magistrado del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, “volvió a las andadas”:emitió un fallo a favor de un particular a través del procedimiento de afirmativa ficta.
De esta manera, el Ayuntamiento de Zapopan tendrá que otorgar todos los permisos para que se construya una torre de ocho pisos en la colonia Jardines Guadalupe, cuando el máximo permitido por los ordenamientos municipales es de cinco niveles en esa zona (¿?).
No obstante, la inverosimilitud del caso tiene que ver con el hecho de que la cínica resolución se da en un contexto en el que el magistrado del TAE tiene un par de denuncias penales en su contra, las cuales fueron presentadas por la Sindicatura de los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como un par de solicitudes de juicio político por sus respectivos alcaldes.
El síndico de Zapopan presentó en junio pasado una denuncia penal en contra de Barba Gómez por delitos de abuso de autoridad, fraude procesal, ejercicio indebido del servicio público, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, así como delitos contra el desarrollo urbano.
Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara, en agosto pasado, presentó otra denuncia penal “en contra de Barba Gómez y su red de corrupción”.
Pero tal parece que no hay poder político, jurídico, ni ‘ciudadano’ que inhiba los abusos de Barba Gómez.
A PESAR DE QUE DESDE EL PASADO 16 DE AGOSTO ENTRÓ EN VIGOR LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL EN JALISCO, PERSISTE LA MÁS AMPLIA GARANTÍA DE IMPUNIDAD PARA EL MAGISTRADO DEL TAE BARBA GÓMEZ.
Es decir, son los mismos diputados locales los que eufórica y demagógicamente eliminaron el fuero, pero también los que no actúan frente a las solicitudes de juicio político en contra de quienes alientan la ortupción y se mantienen en impunidad.
Esto es, a pesar de que ya no es necesario iniciar una engorrosa declaración de procedencia (desafuero) en el Congreso, a efectos de que la Fiscalía pueda consignar ante la justicia a Barba Gómez por los delitos que se le imputan; persiste el fuero de facto para Barba Gómez, el de la complicidad por parte de los diputados.
Del mismo modo, PRI, PAN y MC siguen la misma lógica para evitar destituirlo e inhabilitarlo, es decir, para instaurarle juicio político –responsabilidad política– a Barba Gómez: en principio, es necesario que la Comisión de Responsabilidades presente un dictamen de procedencia [aquí tiene mayoría el PAN: 5/9 votos].
Para poder instaurar juicio político se necesita “cuando menos el voto del sesenta por ciento de los diputados que la integran, con excepción de los diputados que forman parte de la Comisión de Responsabilidades”, es decir, 18 votos como mínimo [PRI tendría 12 votos y MC 13 tantos: PRD (1), PVEM (2), PNA (1) y Kumamoto no pueden generarle al PRI o MC los 18 votos necesarios, es decir, se necesita la voluntad política conjunta de MC y PRI].
Conviene preguntarse, ¿existe voluntad para procesar penal y políticamente a Barba?