Para nadie es un secreto que algunos (ojo, no todos) empresarios de la construcción son los grandes mecenas de los candidatos con mayores niveles de intención del voto. Incluso, es bien conocido que ciertos empresarios suelen “invertir” hasta en dos candidatos punteros, para no fallarle. Ocurre igual para municipios metropolitanos, que para elecciones a gobernador. Estos hombres de “negocios” no tienen filiación partidista, ideológica o marca aborrecida. En todo caso, acusan identidad con el dinero ganado a través de la complicidad con el poder. Apuntalan con dinero a candidatos, para que los futuros gobernantes paguen el “favor” haciéndose de la vista gorda –como llevan 10 años con Iconia-Puerta Guadalajara-, modificándoles los usos de suelo y entregándoles licencias de construcción irregulares. La moda más reciente, ¡“regularizando” lo irregular! con multas pírricas.

Actualmente, tan sólo en Guadalajara, más de 80 complejos inmobiliarios verticales deberían ser sancionados ejemplarmente, pues su construcción se encuentra fuera de norma [excedencia de pisos y/o metros de construcción]. De las siete Zonas en que se divide el municipio tapatío, la mayoría de edificaciones verticales se encuentran en la zona 1 [incluye a las colonias Americana, Moderna, Santa Teresita, etc.] y la zona 2 [incluye a la Minerva, Providencia, Chapalita, Arcos Vallarta, Bosques de la Victoria, etc.]. Es decir, son edificios con una alta plusvalía.

Cierto, este tipo de empresarios de la construcción logran amasar grandes fortunas al ser respaldados desde el gobierno para violar impunemente leyes y reglamentos. Ellos sí pueden construir donde está prohibido, porque los gobernantes les deben favores. Edifican más metros de lo permitido y más niveles (pisos) de los que están autorizados. Contratan costosos despachos de abogados para impugnar reglamentos. Posteriormente, sobre la base de los hechos consumados, demandan que se les “regularice” lo que deliberadamente construyeron irregular, con la careta legitimadora de multas insignificantes que lejos de inhibir la conducta, legalizan los millonarios atracos. Es justo aquí donde entra el pago de favores, el ajuste de cuentas y se institucionaliza la corrupción, el soborno y la impunidad que causa diferentes tipos de daños a la ciudad. Todo, mientras los “arriesgados” empresarios ganen dinero al construir donde la norma lo prohíbe. Básicamente en eso consiste el negocio de quienes el presidente municipal de Guadalajara llamó ayer, con mucho tino, “asociación de pillos”. Esos que, según la nota de Mural (de Juan Carlos Sagredo), se organizan “contra estas bravuconadas (sic) del gobierno”… “con el fin de combatir al parlamento de colonias, a los pseudoecologistas”… “para evitar clausuras y eventualmente demandar la expedición del certificado de habitabilidad”. Esos que, si Alfaro cumple, por fin encontrarán la horma de su zapato en un gobierno que los combata y los exhiba.

Ante esto, Enrique Alfaro responde que “el gobierno municipal está preparado no solamente para enfrentar este asunto jurídicamente, sino para poner en evidencia a quienes son los que han golpeado la dignidad de Guadalajara”… “A quienes en complicidad con las autoridades han violado las leyes y los reglamentos municipales, a quienes han construido sin tener los permisos municipales y a quienes han vulnerado el derecho que todos tenemos a tener una Ciudad ordenada”. Ojalá que no quede, efectivamente, en “bravuconadas”.

Jalisco tiene derecho a saber los nombres de esos extorsionadores profesionales y corruptores de largo alcance, a los que Alfaro calificó acertadamente como “pillos”. Veamos de qué está hecho quien hoy aspira a ser gobernador. De cumplir su dicho, Alfaro sería el primer presidente municipal, en más dos décadas, en defender el orden como interés público de la ciudad, en contra de los más influyentes y poderosos intereses económicos que corrompen la política en Jalisco, desacreditan a los auténticos empresarios que sí cumplen la ley, y revelaría las identidades de quienes trafican con influencias y envenenan los gobiernos, claro está, con grandes negocios inmobiliarios irregulares…