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Mediante afirmativa ficta, los magistrados del TAE emiten sentencias, supuestamente apegadas a derecho, que resultan absolutamente injustas y nocivas para la comunidad. Ellos no imparten justicia… ellos son, los magistrados del atropello. Arbitrarios y corruptos, porque aprueban gasolineras a escasos metros de kínderes, primarias [a 20 metros, p. ej. en Prados Tepeyac] y de hospitales [a 80 metros, p. ej. de una delegación del IMSS]. Son los que permiten el funcionamiento y construcción de casinos [incluso sin el permiso de la Segob], además de autorizar la construcción de enormes complejos inmobiliarios donde confluyen zonas de alta densidad forestal y arroyos naturales [33 mil viviendas autorizó en carretera a Colotlán, Zapopan, sobre 150 hectáreas con vocación forestal]. Son, también, los que absuelven de cargos a decenas de cuentas públicas, a pesar de que estas cuentas contienen numerosas observaciones sobre actos de corrupción. Son los que ordenan arrestos administrativos, incluso a autoridades electas que se niegan a acatar sus resoluciones [el TAE ha emitido 15 arrestos a funcionarios de Zapopan]. En ese corrupto proceder, el pasado 23 de junio (2016), el TAE amagó con imponerle arresto administrativo al secretario de Obras Públicas de Zapopan, si se negaba a autorizar la licencia de construcción a una torre de ocho niveles y 44 departamentos, obvio, que viola el uso de suelo. Pero ahora sí, con Pablo Lemus, encontraron la horma de su zapato.
El presidente de Zapopan se atrevió a hacer lo que ninguna otra fuerza política en Jalisco se había resuelto a cumplir: interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra del magistrado Barba Gómez. De acuerdo al Primer Edil de Zapopan, se tiene puntualmente documentado el actuar indebido de Alberto Barba en siete construcciones irregulares. Para reafirmar la determinación, la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano prepara el terreno para presentar –a más tardar el próximo viernes– una solicitud de juicio político en contra del magistrado de la Sexta Sala del TAE, Alberto Barba Gómez, después de que en días pasados el alcalde de Zapopan lo denunciara penalmente.
Son ya demasiados los casos en que Alberto Barba y Armando García Estrada se han visto involucrados en la autorización de construcciones irregulares en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El pasado 15 de septiembre de 2015, MURAL publicaba que “casualmente” el 84.3 por ciento de los asuntos relacionados con desarrollos inmobiliarios y gasolineras irregulares en la ZMG –mismos que obtenían del TAE resoluciones que permitían estas construcciones a través de la figura de afirmativa ficta– “caían” por un inexplicable azar en el despacho de dos magistrados: Alberto Barba y García Estrada. Hasta ese momento, 17 casos fueron resueltos por Alberto Barba y 10 casos más García Estrada. Aunado a lo anterior, el 22 de septiembre de 2015, MURAL consignaba que al 15 de septiembre de 2015, el magistrado Alberto Barba había resuelto el 63.3 por ciento de las medidas cautelares en contra de ayuntamientos; Laurentino López captaba el 16 por ciento de éstas; y García Estrada resolvía el 12 por ciento. ¡Los “suertudos” del TAE!.
Debe decirse que de acuerdo al Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (DOF el 27/May/2015), “los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa…” No obstante, en Jalisco, son precisamente estos magistrados del TAE los que actúan en contubernio con “empresarios” para autorizar todo lo que la ley expresamente prohíbe. Definitivamente no podría existir un sistema estatal anticorrupción, si son justamente los moradores de la cueva de Alí Babá, a los que se les encargue el combate a la corrupción. ¿Cómo podría funcionar un Sistema Estatal Anticorrupción, si se mantienen en el TAE a los mayores exponentes del soborno? Así que el juicio político es la herramienta más eficaz para deshacerse de esta rémora, además de la manera más rápida y con la voluntad política del Congreso.