El problema no son precisamente las ‘cuotas’, si no el tipo de ‘cuates’ que son propuestos para integrar el Poder Judicial en Jalisco. Precisamente ahora mismo sucede en la integración de los jueces de la Corte Suprema en los EEUU, que el presidente Trump impulsa a personas identificadas con la ideología de su partido. La diferencia es el perfil. Ahora bien, ¿por dónde podría comenzar una mejora en el Poder Judicial? Por la mejor selección en la designación de sus integrantes. Pero las evidencias nos afirman que el sistema de ‘cuates’ prevalece, a pesar de las reformas aprobadas en el Congreso del Estado, que teóricamente debieron asegurar un proceso con evaluaciones que mejoraran el perfil de los funcionarios en el Poder Judicial. Es verdad que todo grupo mayoritario en el poder utiliza su mayoría en el Legislativo para designar a integrantes del Poder Judicial, afines a la ideología del partido en el gobierno. Lo que resulta indispensable es asegurar mejores perfiles, con equilibrios internos para motivar la autorregulación (fortaleciendo su autonomía), por la vía de los frenos y contrapesos. 

De acuerdo con datos del Inegi (2020), el Poder Judicial de Jalisco es considerado como la institución más corrupta, por el 74 por ciento de los jaliscienses, incluso por encima de la Policía Vial (73 por ciento). Es de destacar que únicamente en Jalisco, los jueces tienen una mayor percepción de corrupción que los agentes de vialidad.  
 
De manera inédita, en Jalisco se han implementado medidas que podrían considerarse son necesarias, pero no suficientes para detonar un cambio radical en la administración e impartición de justicia. Se realizó la rotación de poco más de 67 jueces en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Sin embargo, las deficiencias continúan, e incluso se acentúan. Por ejemplo, los policías municipales, estatales y federales están siempre sometidos a esta lógica de rotación [para evitar redes de complicidad] y, sin embargo, se las ingenian para inmediatamente “ponerse de acuerdo” con la criminalidad a efectos de otorgarles protección y permitirles operar sin molestarlos, bajo la correspondiente dádiva.  
 
Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, que hoy por hoy, es el poder más corrupto. Derivado de una reforma constitucional a nivel local, por primera vez los jueces y magistrados serán sometidos a pruebas de control de confianza. ¿Resuelve el problema? Tampoco. Son, por ejemplo, numerosos los malos elementos de la policía que han sorteado con éxito estas pruebas de control y confianza. 
 
En efecto, el Presidente de Estados Unidos propone allegados al Poder Judicial, pero a diferencia de México, se eligen a los mejores perfiles, a los más capacitados. Aquí, simplemente, a los ‘cuates’ o, mejor dicho, a los incondicionales de bajo perfil. Precisamente por ello, una Ley de Designaciones resulta importante para mitigar esta problemática. Una Ley de Designaciones impulsaría la participación de los mejores perfiles para la integración del Poder Judicial. El Poder Legislativo debe mantener la facultad exclusiva de la designación, pero debe ceñirse a criterios de profesionalización en el cargo, establecidos con mayor detalle, precisamente por una ley.