El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que dio pie al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En este decreto se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de combate a la corrupción. De esta forma entramos en la vorágine para crear más burocracia, que supuestamente combatirá la corrupción. Como suele ocurrir, bailamos al son que nos tocan. Así que comenzamos a discutir muy en serio un sistema anticorrupción, con fiscalía incluida.
Derivado de esto, bajo el eufemismo de los nombres pomposos, se creó un intrincado sistema para elegir al Fiscal Anticorrupción en Jalisco, precisamente en un momento en que el Congreso de Jalisco ha sido incapaz de nombrar un Auditor Superior en el Estado. Justamente cuando ya no es posible distinguir entre gobierno y oposición, porque si se trata de repartirse dinero o cargos de gobierno, los colores, los partidos y las consignas se diluyen en una sospechosa unanimidad cómplice.
Para combatir la corrupción, primero, se necesita la voluntad política de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que hoy no acreditan. Que efectivamente la Fiscalía General investigue a todos aquellos funcionarios señalados por casos de corrupción (como Emilio González). En realidad, el trabajo fino sobre casos de corrupción aparece publicado todas las semanas en los diarios. Resulta que el cinismo de la complicidad los lleva a proponer que también los medios deben convertir a sus periodistas en ministerios públicos para que integren y presenten cada semana denuncias de todos los casos de corrupción que exhiben en sus trabajos de investigación.
Por otro lado, el poder legislativo podría proceder a inhabilitar a tantos funcionarios notoriamente corruptos, que usan sus cargos para causar daño al patrimonio público o para torcer la ley a favor del mejor postor. En cuanto al Poder Judicial, el poder más opaco, basta que cumpla con usar el derecho para resolver sentencias justas. El derecho es el medio, no el fin. El derecho debe servir para que el fin se consiga: impartir sentencias justas, justas. Podrían comenzar, por ejemplo, con respetar ellos los topes vigentes a las remuneraciones que se auto asignan, mismas que siguen en contraposición a la Constitución, porque ganan más que el gobernador.
Por sencillo que parezca, para inhibir la corrupción, para desalentar el comportamiento corrupto de funcionarios, lo único que falta es voluntad política de gobierno y oposición. Se requieren sentencias justas, duras, que inhabiliten funcionarios en el Congreso y que se integren las averiguaciones en cada uno de los casos documentados por las auditorías, contralorías y los medios de comunicación, que en democracia funcionan como una suerte de contraloría social…