Se calcula que en la capital del estado existen 160 edificaciones irregulares y, de éstas, al menos 80 son torres que presentan diversas irregularidades. No obstante, el problema específicamente de las torres es más complejo de lo que a simple vista aparenta, porque se advierten, al menos, los siguientes casos:
Existen aquellos que construyeron verticalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con un permiso que en su momento fue expedido por un presidente municipal. No se debe ignorar que esos permisos no se ajustaron a lo específicamente establecido en los planes parciales, asunto que hoy tiene detenida la liberación de la “habitabilidad”. Ante eso, los empresarios alegan que la responsabilidad por la expedición del permiso irregular radica en quien fungía en su momento como funcionario, y que claramente quedaron identificados en los documentos que firmaron. Naturalmente, el problema lo enfrentan hoy los gobiernos municipales, pero va a ser muy complejo que les puedan aplicar de forma retroactiva un “Reglamento de Compensación, Indemnización o Mitigación por Acciones Urbanísticas”, que en todo caso busca a través de multas pírricas, legalizar lo ilegal (lo ilegal no puede adquirir derechos a través de una multa, pues ilegal sigue siendo).
Está el caso de quienes de plano construyeron torres sin tener permisos. Se trata de edificaciones que no cuentan con los documentos expedidos por ninguna autoridad municipal, pero que gracias a la omisión cómplice de las autoridades de los ayuntamientos en turno, lograron cimentarse, al acudir al Tribunal de lo Administrativo para que les permitieran hacer lo que la norma expresamente les prohíbe. Algo que incluso Felipe Tomé reconoció a Mural (nota de Juan Carlos Sagredo, 17 de septiembre de 2015), al públicamente admitir que “se ha aprendido a utilizar al TAE para construir edificios pese a que está prohibido por las normativas municipales”.
Otra situación es la de quienes sí cuentan con sus permisos y licencias, pero que construyeron más niveles (pisos) de los autorizados. Naturalmente aquí también existe responsabilidad de la autoridad que debió supervisar la obra, pero que con seguridad fue sobornada para dejar que se edificaran más pisos de los que expresamente fueron autorizados por la autoridad. En los tres supuestos, el común denominador es la corrupción manifiesta de autoridades municipales que hicieron favores a los constructores violando la ley. Así que a la par de combatir a los voraces constructores que se enriquecen al levantar torres donde la ley no se los permite, también se debe castigar a todos esos funcionarios de varias administraciones municipales, que se coludieron (seguramente a cambio de dinero) para que todo este desastre ocurriera. ¿Se animarán a denunciar quiénes son?
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