El 16 de julio de 2017, el gobernador de Jalisco anunció que se cancelaría el contrato –o liquidaría anticipadamente- con la empresa que opera el programa de fotomultas en Jalisco, ¡en un periodo no mayor a cuatro meses! (eso dijo él). A la fecha, son ya seis meses y la Fotomulta con Autotraffic opera bajo un esquema corrupto de comisiones, donde entre más multas aplicadas, más gana la empresa y los vivales –por supuesto impunes- que pactaron el #FotoNegocio. Este anuncio del gobernador, hace ya seis meses, ocurrió como consecuencia de una consulta abierta a la población que él mismo emprendió. Como resultado NO se cancelaría el programa de foto infracción, sino la participación de una empresa –ojo- en la operación del programa, por serias dudas sobre la viabilidad del contrato que algunos coyotes –que aún están en el gobierno- pactaron para llevarse sendas comisiones.
Así que el gobernador dijo aquel 16 de julio de 2017: «he instruido al Secretario de Administración»… «asimismo le instruyo a que todo acuerdo económico con la empresa, sea cabalmente transparentado y expuesto a la opinión pública de manera oportuna». A la fecha, no hay mayor información al respecto, ni una fecha para interrumpir el torrente de abusos cometidos todos los días contra los automovilistas. Con singular sensibilidad a la lluvia de críticas recogidas en la consulta pública, aquel 16 de julio de 2017, el Gobernador empeñó su palabra –incumplida hasta hoy- para corregir las principales observaciones que recogió de la ciudadanía, en la consulta pública.
De forma que seis meses después de ese anuncio, los abogados del gobierno de Jalisco no han podido –o querido, eso parece- recuperar la rectoría de Jalisco en la aplicación de multas y sanciones ¿Brazos caídos? En su momento, la palabra empeñada por el gobernador –que sus subordinados colocan en duda- incluía, además de la cancelación del contrato con Autotraffic, cinco medidas acertadas: 1) Crear un fideicomiso a donde se destine lo pagado por las multas aplicadas para obras de infraestructura vial, remozamiento de calles y avenidas. Totalmente incumplida. 2) Asegurar que los radares estén debidamente calibrados, mediante certificación convenida con organismos empresariales y asociaciones civiles. Incumplida o al menos inconclusa seis meses después. 3) Garantizar la posibilidad de que las multas puedan ser permutadas por trabajo comunitario, se apliquen multas escalonadas, de acuerdo al exceso de velocidad. Absolutamente incumplida, ni siquiera avances se reportan. 4) Castigar con el retiro de licencia a quienes reincidan en circular a exceso de velocidad. Lamentablemente, incumplida. 5) Legislar el marco legal, adecuadamente, para que el programa, ahora a cargo del gobierno, opere legalmente sin violar garantías constitucionales. Flagrantemente incumplida. Pues bien, la Fotomulta sigue ilegalmente operándose, viola garantías y preceptos legales, y funciona bajo el esquema de cuotas y comisiones con una empresa con fines puramente recaudatorios, no preventivos. Seis meses y la empresa ya demanda al gobierno más de ¡100 millones de pesos!.
La «instrucción» del Ejecutivo de Jalisco fue, para «cancelar o rescindir anticipadamente el contrato» con Autotraffic, en cuatro meses, debido a múltiples factores. Entre ellos destacan la participación de la ciudadanía expresada a través de acciones jurídicas, políticas, periodísticas y sociales. Todas juntas lograron lo que debe ocurrir en una democracia, con un gobierno receptivo. Incidieron, también, la resolución del Juez Federal que concedió la suspensión, la postura pública de algunos diputados en el Congreso de Jalisco, alcaldes de la Zona Metropolitana, el amparo masivo de los afectados, la investigación y difusión en los medios de comunicación de las incongruencias del #FotoNegocio, el rechazo generalizado de los automovilistas y la exhibición de los documentos oficiales que comprueban que a más fotomultas, más ganancias para la empresa y los vivales que se enriquecen con los millones que reciben de un porgrama corrupto y opaco. No obstante, el #FotoNegocio continúa y contradice todo lo anunciado por el gobernador. ¿Quiénes están detrás?