En reiteradas ocasiones el presidente electo subraya su intención de separar el poder político, del poder económico. Sobre ello, es oportuno mencionar que, en todo caso, se trata de un proceso de racionalización del poder que tiene muchos antecedentes en el pensamiento político. Esto es, la racionalización del poder tiene dos finalidades: su control [frenos y contrapesos] y su separación [respecto de otro de especial relevancia y magnitud]. Entre los más importantes destacan:
El primer vestigio del derecho constitucional se encuentra en la promulgación de la Carta Magna del rey Juan sin Tierra, en 1215, en Inglaterra. En este texto inglés se encuentra contenido el origen primigenio de uno de los más importantes instrumentos procesales de control constitucional en el mundo contemporáneo: el habeas corpus. Este fue el primer intento racional de un muy largo y complejo proceso de someter el actuar de gobernantes y gobernados al imperio de la Ley. El producto más acabado de este notable esfuerzo intelectual es el Estado de Derecho, es decir, el Estado sometido al Derecho, a la acción omnicomprensiva de la ley.
Posteriormente, vinieron los aportes de Locke y Montesquieu, que tuvieron la finalidad de deconstruir las funciones del Estado [ejecutiva, legislativa y judicial], para dar con la división tripartita del poder político, es decir, la separación de poderes. Los Padres Fundadores, y constitucionalistas norteamericanos, instauraron el sistema de frenos y contrapesos: los cheks and balances. Se trata, en efecto, de uno de los más importantes aportes que ha hecho el pensamiento político: el control del poder por el poder mismo; en otras palabras, el control político del poder. Hans Kelsen, a inicios del siglo XX, propuso un cuarto órgano o poder, por encima de estos tres: el Tribunal Constitucional [que ejerce el control tanto de la constitucionalidad como de legalidad de los actos de autoridad emanados por los tres poderes], mismo que actualmente se encuentra presente en la Ley Fundamental de 94 de los 193 países del Orbe (Constitute Project: 2018). No obstante, tanto las teorizaciones de Kelsen, como la jurisprudencia norteamericana, que institucionalizó la judicial review, auspiciada por el eximio juez John Marshall, han tenido importantísimas repercusiones en todo el Mundo para que Cortes Supremas, de todo el Mundo, hagan las veces de un Tribunal Constitucional. En México, la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, dotó a la SCJN de facultades de Tribunal Constitucional. Como quiera que sea, este paradigma ejemplifica el control judicial del poder. Asimismo, los gobiernos democráticos pugnaron, por ejemplo, por el control de las mayorías y el respeto de las minorías. En el siglo XIX, tuvo eco la separación del poder clerical respecto del estatal. En ese tiempo surgieron las fecundas ideas del laicismo, vigentes en nuestros días.
En las últimas cuatro décadas, devino la teorización de los organismos constitucionales autónomos y su innumerable proliferación, con el fin de separar importantísimas funciones del Poder Ejecutivo: en nuestro país, el banco central [Banco de México], la organización electoral [INE], son algunos representativos ejemplos. Hoy, se discute separar la procuración de justicia del Poder Ejecutivo, a través de fiscalías ‘constitucionalmente autónomas’. Resulta ineludible la seria discusión sobre la separación del poder económico y el capital financiero, respecto del poder político: el Movimiento Occupy, de Wall Street, de 2011, en Nueva York, pugnaba por este necesario debate. Igualmente importante es la discusión que debe merecer el poder que ostentan los medios de comunicación, el “cuarto poder”, cuando su finalidad sustantiva se ve distorsionada: el movimiento #YoSoy132 y el de los Indignados discutieron este tema. La separación del poder político respecto del narcotráfico, y los mecanismos para asegurarlo, es otro tema pendiente para América Latina.
De suerte tal, que la idea de Obrador apenas constituye otro ejemplo dentro del largo proceso histórico de racionalización del poder en el pensamiento político, que intenta separar e imponer controles a un poder [el económico], respecto de otro [político]…
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