A partir del próximo primero de noviembre entra en funciones la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Jalisco. En la LXI Legislatura habrá 18 diputadas, esto es, el 46 por ciento de sus integrantes serán mujeres. El dato adquiere mayor relevancia si lo contrastamos con la LX Legislatura –que este sábado culmina–, en donde sólo habían 9 legisladoras, que representaban apenas el 23 por ciento. En este sentido podemos decir que la equidad y género avanza, pues se duplica la proporción de mujeres en el Congreso con respecto a la legislatura que concluye.
Revisemos ahora la «experiencia legislativa» de sus próximos legisladores. De los 39 diputados que conformarán la próxima Legislatura del Congreso Local (2015-2018), sólo 11 cuentan con «experiencia legislativa». Es decir, únicamente el 28.2 por ciento de sus futuros miembros han sido anteriormente diputados locales y/o federales: seis pertenecen al PRI; tres al PAN; y dos a PMC. No obstante, debe situarse especial énfasis en no tomar este indicador como una referencia absoluta de expertos/inexpertos en el sentido de que, como decía Alonso Lujambio, «los legisladores se vuelven expertos trabajando» [ahí está el «ciudadano libre» Alberto Esquer, con el antecedente de ser el más faltista y reconocido por los «moches» en el Poder Legislativo, local y federal].
Asimismo, se advierte que habrán tres diputados con el antecedente o la cualidad de ser el presidente estatal de su instituto político: Hugo Contreras (PRI), Miguel Ángel Monraz (PAN) y Enrique Aubry (PVEM). Aunado a ello, la LXI Legislatura tendrá 11 diputados que anteriormente fueron Alcaldes [seis de ellos, sin nunca haber sido diputados]: el PRI registra seis, en este tenor; PMC tendrá tres; el PAN uno; y el PRD uno. De todo lo anterior, se espera que la trayectoria de los integrantes de esta Legislatura pase a imprimirle mayor profesionalismo político al Congreso.
Ahora bien, es preciso señalar a los diputados que acusan antecedentes muy cuestionables. Se advierten cuatro diputados vinculados directamente con el fraudulento caso López Castro. También hay otros casos preocupantes y poco advertidos. Está el de Antonio López Orozco (PRI-PVEM) que, como Alcalde de Tala (2012-2015), el ITEI lo amonestó públicamente por negarse a entregar información pública.
Antonio López Orozco
Foto: Tala Jalisco noticias
Incluso, Juana Ceballos Guzmán (PRI-PVEM), alcaldesa de San Martín Hidalgo (2012-2015), que se hizo acreedora a un arresto administrativo de 12 horas por «opaca», debido a que no acató en dos ocasiones las resoluciones del pleno del ITEI, a efectos de que publicara toda la información pública fundamental. Como parte de la «Real Fuerza Aérea del Sector Público», está el caso de Irma de Anda Licea (PAN), señalada en 2013 como «aviadora» del Congreso.
Juana Ceballos Guzmán
Foto: UdeG
La composición partidista de la próxima Legislatura Local será la siguiente: PRI (13), PAN (5), PRD (2), PVEM (3), PNA (1), y PMC (14). De lo anterior, como coaliciones legislativas «naturales» –es decir, que en la mayoría de los proyectos de ley se prevea que hagan bloque– se advierten PRI-PVEM-PNA, con 17 diputados. También se podría prever la participación del Diputado Independiente con PMC, en algunas causas, con lo que esta fuerza llegaría a sumar 15 legisladores. Si se tiene en cuenta que son necesarios 20 diputados para aprobar reformas legales y 26 diputados para aprobar reformas constitucionales, puede concluirse lo siguiente: El PAN es el «factor clave» que puede hacer la diferencia entre las dos principales fracciones de diputados, para sacar adelante reformas legales. No obstante, las reformas constitucionales requerirán necesariamente de la participación conjunta de PRI [incluso sin PVEM y PNA] y PMC, pudiendo incluso prescindir de todos los demás partidos. Con la LXI Legislatura iniciará también la posibilidad de la reelección continua, un factor que debiera significar un incentivo al buen desempeño y a la rendición de cuentas. Además de la voz, por primera vez, de un diputado independiente. Estas dos características podrían hacer la diferencia respecto de la expectativa de los diputados para construir una carrera legislativa y, con ello también, un mejor desempeño en la función pública.