El diputado Pedro Kumamoto presentó una iniciativa de ley que tiene por objetivo 1) eliminar el fuero [la declaración de procedencia]; y 2) «ciudadanizar» el juicio político. El mal llamado «fuero» se refiere a la garantía o inmunidad procesal que tiene un servidor público electo popularmente o de alta jerarquía, a efectos de que sea procesado penalmente ante las autoridades judiciales correspondientes, sin una declaratoria previa [declaración de procedencia] hecha por el Poder Legislativo. Mientras que el juicio político implica el hecho de que un servidor público electo popularmente o de alta jerarquía no pueda ser destituido y/o inhabilitado sin previa autorización del Poder Legislativo, atendiendo las causales previstas. En el concierto internacional, al primero se le conoce como ‘inmunidad‘ [procedimiento específico para sancionar penalmente a un funcionario] y al segundo como ‘inviolabilidad‘ [principio que garantiza la libre manifestación de ideas de los diputados].
En cualquier Estado democrático presidencial o semipresidencial, el Jefe del Estado goza de inmunidad procesal. Es decir, de una garantía procesal que evita que sea procesado/destituido si no es en función de ciertos delitos previstos en la Constitución y previa autorización del Poder Legislativo; y los diputados en estos sistemas de gobierno gozan de ambas garantías. En los sistemas parlamentarios o semipresidenciales, los diputados gozan de ambas garantías, inmunidad e inviolabilidad parlamentarias, mismas que se extienden al Primer Ministro y sus Ministros puesto que son diputados que ejercen el Gobierno debido a su condición mayoritaria en el Parlamento. Estudiosos del derecho y la ciencia política se han pronunciado en el mismo sentido de lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis de 1996, misma que señala que estas figuras se establecen «para salvaguardar [a los servidores públicos] de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos.» Por supuesto, como señala el Dr. Rodrigo Borja, el hecho de que en algunas latitudes la inmunidad se convierta en impunidad, «está muy lejos de ser la intención de la ley».
La otra propuesta de Kumamoto, es que se ‘ciudadaniza’ el juicio político al incluir una Comisión Especial Mixta –conformada la Comisión de Responsabilidades, cinco reputados académicos y cinco integrantes de organizaciones de la sociedad civil– que conocerá de las solicitudes de juicio político y evaluará la formalidad de las mismas para desecharlas o, en su caso, remitirlas al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco que –OJO– tendrá la palabra final para resolver si ha lugar o no para instaurar juicio político en contra de un servidor público. Otra iniciativa para llegar al mismo lugar: dejarle la última palabra al poder judicial corrupto, que con mucha frecuencia emite resoluciones contrarias al interés público. La última palabra a magistrados que son electos a través de cuotas partidistas por el Poder Legislativo. Incluso, la SCJN ha señalado que las entidades federativas deben establecer un régimen de responsabilidades idéntico al previsto en el Título Cuarto de la Constitución General de la República, en tanto a sus figuras como sus procedimientos. Esto es, debe respetarse la declaración de procedencia [lo que supone no eliminarla] y el juicio político [lo que supone el no ‘ciudadanizarlo’ e incluir al Poder Judicial]. Debe subrayarse que el combate efectivo a la corrupción y la impunidad no se atiende con estas propuestas disparatadas, para ellos se requiere de mayores niveles de autonomía –en términos de elección– tanto al ministerio público [procuración de justicia] como a jueces y magistrados [impartición de justicia]. Por ejemplo, Emilio González y sus secuaces, todos ya sin «fuero», mismos que ejercieron irregularmente más de 7,500 millones de pesos, gozan hoy de una insultante impunidad. Esto no ocurre no por el fuero, no, no, no… Sucede fundamentalmente por la falta total de voluntad política de las autoridades de todos los colores, para castigar a los corruptos. Tanta demagogia, ofende…