Imagen: Gobierno de Jalisco
El mayor desafío de México y de Jalisco, es la inseguridad. En el año 2019 registramos la mayor escalada de violencia. Ni la alternancia federal, ni la ocurrida en Jalisco lograron contener las cifras que denotan que la violencia -en todas sus modalidades- crecen ante la debilidad de nuestro ‘Estado de Derecho’, de la precaria administración y procuración de justicia y de la corrupción de las fuerzas policiales y del aparato judicial.
La erosión de las garantías de integridad física para los mexicanos representa el mayor reto para el gobierno de México y para el de Jalisco. Sin seguridad, el Estado parece suplantado paulatinamente por las nuevas reglas impuestas por el crimen, ese sí, bien organizado.
Un problema de muchas aristas que no ofrece salidas sencillas. Además de complejo, el reto de atender la inseguridad supone medidas de mediano y largo plazo, difíciles de evaluar en los tiempos cortos que con toda justificación reclama la población a inicios de este año 2020.
El empleo y la economía serán otro de los desafíos para este año. Los signos de recesión mundial indican que se aproximan tiempos de ‘de vacas flacas’.
Compete a los gobiernos tomar las medidas necesarias para reducir los efectos de la desaceleración económica y la pérdida paulatina del empleo.
La salud de la población es otro foco de alerta para Jalisco. Las alarmantes cifras con que cerró nuestro estado el año 2019, especialmente de cara a la epidemia subestimada del Dengue, son evidencia de que tanto el gobierno, como todos los componentes del Sector Salud, deben considerar medidas más acertadas de prevención.
Agréguese que las principales averiguaciones sobre corrupción en el estado de Jalisco corresponden al ejercicio presupuestal en la Secretaría de Salud, donde parece que la negligencia, las compras de material caduco y a sobre precio, la designación de funcionarios sin experiencia y bajo perfil, y la corrupción, fueron la regla y no la excepción.
Otro desafío para Jalisco, es el del ordenamiento del territorio. En este rubro la autoridad municipal y estatal en Jalisco ha sido superada.
Es cierto, la facultad compartida de ordenar el territorio y el desarrollo urbano ‘de jure’ les pertenece al estado y los municipios. No obstante -en la práctica-, el Tribunal de Justicia Administrativa es quien la ejerce de facto esta atribución, por la vía judicializable, para otorgar permisos y licencias de construcción que violentan los ordenamientos en la materia, y entregan la ciudad a ‘los voraces intereses inmobiliarios’ por la vía de la ‘afirmativa ficta’.
Anteriormente, parecía que lo que limitaba la acción de la justicia, era la inmunidad constitucional para funcionarios electos popularmente e integrantes del Poder Judicial, dispuesto en nuestra Constitución de Jalisco.
El ‘fuero’ desapareció, pero en su lugar se observa ahora una impunidad metaconstitucional.
Al inicio de este 2020, cabe preguntar: ¿qué acciones prevé el Gobierno del Estado para sancionar penalmente a los magistrados corruptos que lucran con el derecho a la ciudad? ¿Cómo se revertirá el desarrollo no sustentable del territorio en Jalisco, a la luz de los cambios arbitrarios de usos de suelo, de los incumplimientos de las normas y de la complicidad de las autoridades ‘ambientales’ con constructores y desarrolladores corruptos?
Al menos, durante la última década, lo que se ha promovido en Jalisco en materia de ordenamiento del territorio, es la legalización de lo ilegal, la tala indiscriminada del bosque y la montaña, la habitabilidad de lo que se debiera derrumbar, los desarrollos inmobiliarios en detrimento de las reservas naturales y áreas protegidas, la complicidad de las autoridades con quiénes construyen al margen de la norma, sin licitación, a sobre precio y bajo el sistema de complicidades.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/jalisco-frente-al-2020