Imagen: udgtv

Resulta cierta la afirmación del gobierno federal respecto de que lo que se llamó “el seguro popular”, no era “seguro” y tampoco “popular”. Como parte de las reformas planteadas, se creó el ‘Instituto Nacional de Salud para el Bienestar’, por su siglas Insabi. Las reformas a Ley General de Salud ocurrieron el 29 de noviembre de 2019. Básicamente sepultan el Seguro Popular y lo sustituyen por el Insabi. Se dijo que los servicios médicos del Insabi serían para todos –ojo- sin cuotas ni restricciones. Que ofrecería un ‘servicio universal’, “para todos los padecimientos”. Incluso, “para los que generan gastos catastróficos, como el cáncer”. El naciente Instituto ofrecerá “servicios gratuitos y de calidad a todas las personas que estén en el país y que no cuenten con seguridad social”. Esto se refiere a quienes no sean derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Marina, de conformidad con el artículo 77 bis 7, de la Ley General de Salud. 

Pero la forma en que nació este Instituto, acusa ya más complicaciones y omisiones que su antecesor, el “Seguro Popular”. El Excélsior y El Economista consignan lo que advierte “Eurasia Group”, empresa de operación mundial dedicada al análisis de riesgo político. Sobre el Insabi señalan que hay informes de inconsistencias en la provisión de los servicios médicos, así como ‘confusión sobre las tarifas de los servicios’. El gobierno ha declarado que todos los servicios del Insabi serán libres de costo, pero ‘muchos hospitales siguen cobrando a los pacientes’.  Incluso, “Eurasia Group” detalla que de acuerdo a sus informes, ‘las tarifas han aumentado’. Entre los riesgos más graves están los servicios médicos de segundo y tercer nivel, para los que el naciente Insabi no está preparado, definitivamente. Para colmo, existe una abiertamente denunciada insuficiencia en medicamentos, como consecuencia de la centralización de las compras, y las licitaciones federales declaradas ‘desiertas’.
 
 

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