Foto: Facebook- Andrés Manuel López Obrador
La discusión pública respecto de los ‘coordinadores de programas sociales’ [lo que se supone sería Carlos Lomelí en Jalisco] genera un falso debate. ¿Por qué? Porque las supuestas atribuciones que tendrían estos coordinadores sólo han sido consignadas en la prensa. A partir de ahí, se han vertido especulaciones de que serán gobernadores de ‘facto’, no de ‘jure’, impuestos, no electos. Una suerte de ‘virreyes’, por encima de los Gobernadores, lo que vulneraría el Pacto Federal. No obstante, a la fecha, el Presidente electo no ha dado a conocer un sólo proyecto de decreto o iniciativa legislativa que prevea las facultades que tendría esta figura. La más elemental lógica advierte que aquello que parte de un falso supuesto, engendra una errada conclusión.
Carlos Lomelí, ha mencionado que, además de concentrar las 83 delegaciones federales de Jalisco, ejercerá los recursos que la Federación envía a Jalisco. Es decir, las participaciones y aportaciones que la SHCP deposita a la Sepaf. Es bien sabido que aproximadamente, ocho de cada 10 pesos que gastan los estados, son enviados por la federación. En 2018, la Ley de Ingresos de Jalisco contempló un presupuesto de poco más de 108 mil 309 millones de pesos. De éstos, poco más de 89 mil 957 millones de pesos son federales. El 83 por ciento de los ingresos de Jalisco provienen de la federación. Sobre esto, deben hacerse dos lecturas: la jurídica y la política.
La jurídica. Para concentrar todas las delegaciones federales en una sola figura [‘coordinador de programas sociales’], López Obrador, como Presidente en funciones, sólo tendría que publicar un reglamento de manera unilateral, en virtud de su facultad reglamentaria. Ni siquiera tendría que modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La facultad reglamentaria del Presidente es de suma importancia en cualquier texto constitucional del Mundo. P. Ej. El presidente de los E.E.U.U. la ejerce a través de sus ‘órdenes ejecutivas’, lo que errónamente la prensa consigna como “legislación por decreto”. Respecto de ella, el jurisconsulto Tena Ramírez sostenía que “el reglamento es el eslabón entre la ley y su ejecución, lo que vincula el mandamiento abstracto con la realidad concreta (…) es un acto materialmente legislativo, pero formalmente administrativo”.
López Obrador, ha dicho que el único fin de la figura es la austeridad, lo que evidencia aún más la naturaleza administrativa de la medida. Ahora bien, para poder ‘quitarle’ los ingresos federales a las haciendas de los estados, para ‘otorgárselos’ al coordinador federal, implicaría, en principio, reformar la Ley de Coordinación Fiscal… y Andrés Manuel tiene recursos de sobra en el Congreso para modificarla. No obstante, los Gobernadores –incluso de Morena– provocarían un cuantioso alud de acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales, para que finalmente la SCJN terminara por invalidar la reforma en virtud del Pacto Federal. Basicamente porque de acuerdo al 40 constitucional, los estados son “libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”, una disposición inmutable desde la Constitución Federal de 1857.
La lectura política. Si algo se reconoce a Obrador es oficio y sensibilidad política. La obcecada terquedad que tenía sobre propuestas irracionales desapareció, para después declinar o matizar. Quedó en el pasado el “echar a atrás la reforma energética”, el “disminuir el precio de las gasolinas” o el “parar la construcción del nuevo aeropuerto”. Reyes Heroles decía que “uno es el candidato; otro el presidente electo; y otro el presidente en funciones”. El reñir con los gobernadores materializando las desafortunadas declaraciones de Lomelí –ni siquiera las del mismo Obrador–, no lo soporta nadie. Vamos, Peña Nieto no le aguantó un solo round al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por apenas 900 millones de pesos. No se justifica un escenario donde a todos los gobernadores se les quite el 80% de los recursos, sin que suceda algo parecido a una revelión política… En todo caso, hay que tener en cuenta que la inclusión de una ex ministra de la Corte Suprema en Gobernación, garantiza cierta certeza de legalidad en los actos del próximo Presidente. gabtorre@hotmail.com