Foto: Héctor Jesís Hernández
El transporte público, junto a la inseguridad e impunidad, constituyen la tríada de los problemas más sentidos de Jalisco. De acuerdo a la 5° Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 2016, del Observatorio de Jalisco Cómo Vamos, el 58 por ciento de la población del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) utiliza el autobús como «principal medio de transporte». De acuerdo a este estudio ¡sólo el 2 por ciento de las personas del AMG utiliza el Tren Ligero como «principal medio de transporte»!; escueto porcentaje (2 por ciento) que, cabe señalar, también registra la bicicleta en este mismo porcentaje. Lo anterior indica que la solución al complejo y problemático contexto de la movilidad urbana en nuestro Estado pasa, necesaria e ineludiblemente, por resolver el mal llamado «transporte público» que, en los hechos, es fundamentalmente privado y concebido como un negocio opaco.
En 2017, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, publicó los resultados de la Evaluación de la Calidad del Servicio de Transporte Público. El estudio advierte la nada sorpresiva calificación que tiene el ‘transporte público’ de nuestro Estado: ¡5.7 en una escala de uno a 10! Desde luego, para muchos el dato no pasa de ser una obviedad; sin embargo, lo interesante en todo caso es que lo publica, y reconoce, el Gobierno del Jalisco: la calidad del ‘transporte público’ está reprobada. La inseguridad que rodea al autobús pasó a agravarse para el usuario: ya no sólo representa un potencial peligro derivado del mal manejo de sus unidades [problema que afecta, sobre todo, a peatones], sino porque creció en ocho tantos el número de asaltos suscitados dentro de las unidades durante el último bienio: mientras que en 2016 fueron 54 las averiguaciones previas y carpetas de investigación registradas en la Fiscalía por este delito; ¡para 2017, el número de éstas, ascendió a 412!
Por si fuera poco, la pésima calidad del servicio del transporte público de pasajeros tiene efectos colaterales y que afectan la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque provoca que el traslado de las personas se efectúe en automóvil, por lo que 1) existe una empeora permanente de la calidad del aire, a razón de que existe una mayor emisión de contaminantes por el crecimiento del parque vehicular; y 2) aumenta considerablemente el tiempo de los traslados, que pudiera tener finalidades económico-productivas y/o de ocio. La estadística oficial lo acredita. El número de vehículos pasó de un millón 581 mil en 2007, a dos millones 348 mil en 2017, es decir, aumentó 64%. Por otro lado, de 2015 a 2017, ¡41 mil 720 personas se ‘bajaron’ del autobús!, para ‘subirse’ al automóvil. ¿Hasta cuándo hará algo la SEMOV?
Sin embargo, existe un tema importantísimo y al que no le han entrado los secretarios de Movilidad: el tema de su ‘seguro’, esto es, la dichosa y perniciosa «mutualidad» [la misma CONDUSEF reconoce que no son instituciones financieras autorizadas (como algunas de las ‘cajas populares’), por lo que no está facultada para resolver quejas en su contra]. Es bien sabido que cuando un autobús impacta a un automovilista, le ofrece 1) el arreglo del automóvil con un tiempo de espera que llega hasta los 3-4 meses [periodo en el que la persona se queda sin vehículo], sin contar el hecho de que en la mayor parte de las ocasiones no repara los daños de forma justa; y 2) si se rechaza esa abusiva oferta, se hace un avalúo del siniestro que es por demás grotesco y ofensivo. El ciudadano en la indefensión total frente a un trasporte concesionado abusivo, impuntual, peligroso y que no asume su responsabilidad en los accidentes.
Entonces, ¿tendremos un transporte público o seguirá predominando la visión de negocio? ¿Buscamos soluciones a un servicio de transporte o buscamos garantizar un negocio, sobre la premisa de un pésimo servicio al usuario? La rectoría del transporte público, ¿la lleva el gobierno o los transportistas? Aspiramos a un transporte ¿basado en el beneficio de los transportistas o del servicio al usuario? Debe funcionar con ¿compañías de seguros que protejan a las víctimas de accidentes o ‘mutualidades’ para solapar impunemente los choques de los transportistas?…