Hace tres días se dio a conocer que el Gobierno de Guadalajara tiene intención de demoler cuatro edificaciones –de las conocidas como “torres chuecas”–, en razón de que los desarrolladores se negaron a formar parte de aquél programa que ‘regulariza’ las edificaciones verticales –violatorias de los planes parciales de desarrollo–, a cambio de un pago para supuestamente equilibrar, compensar, indemnizar y mitigar la afectación urbana. Las cuatro torres susceptibles a ser demolidas son parte de las 160 que se contabilizaron como ilegales. La coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, Patricia Martínez, confirmó que 45 de las 160 torres ya fueron aprobadas (las legalizaron mediante pago simbólico), y que el viernes pasado se tenía contemplado aprobar en sesión de cabildo el esquema de compensación para 11 torres ilegales más, sumando así un total de ¡171 torres ’chuecas’ en Guadalajara!.
El monto que oficiosamente se calculó para estas 11 construcciones, en 13 predios de Guadalajara, corresponde a 26.7 millones de pesos por concepto de Incremento de Coeficiente de Utilización de Suelo (ICUS), y 10 millones más por excedencia. Cabe señalar que los inmuebles a intervenir van desde cuatro hasta 31 niveles. Con casos desde uso comercial, habitacional y mixto, y que se pretende adquirir un camión de bomberos y vegetación de gran formato, además de que, en algunos casos, el pago podría ser ¡en especie!, con la posibilidad de pagar realizando obra pública (de esa que siempre se cotiza a sobre precio, como en Iconia).
Es decir, se les acepta como pago de “mitigación” a los influyentes “desarrolladores” de torres ’chuecas’, de todo: obra pública calculada por ellos, definida por ellos, pagos en espacie… gallinas y chivas. Lo que sea para justificar la legalización de lo ilegal y dejar la impresión a la ciudad que el Ayuntamiento actúa con responsabilidad, y no en franca complicidad con los voraces constructores que, deliberadamente, violan las normas de la ciudad. Así llegamos a que este audaz gobierno municipal legalizó 171 torres ilegales, además con el aplauso de la prensa acrítica (¿cómplice?) que lo consiga como logro. Pues de qué privilegios gozan estos multimillonarios constructores para violar la ley, construir a base de documentos chuecos, obtenidos mediante sobornos a la autoridad (son corruptores, de corruptos), para luego reclamar derechos adquiridos. De qué privilegios, porque además de habérseles creado un reglamento a modo para que conviertan en legal, lo que ilegalmente edificaron, les permiten pagos en especie. Será que a los comerciantes ambulantes, con los que se ensaña el Ayuntamiento, ¿también les recibe fayuca o ropa para pagar sus licencias? Un gobierno duro con los comerciantes ambulantes (pobres); y muy flexible con los voraces “desarrolladores” (ricos)…