Los dos problemas más sentidos de la población son, seguridad y corrupción. El déficit de éxito conseguido por los gobiernos en materia de seguridad pública, los hemos tratado de explicar desde muchas aristas: la capacitación de los cuerpos policiacos, los exámenes de control de confianza, la coordinación entre mandos policiacos, los modelos de “policía única”, la inversión en cámaras y equipo de vigilancia, etcétera. Pero pocas veces reparamos que tal vez el meollo para resolver el problema de la inseguridad pública, estriba, justamente, en la corrupción impune.
De forma que la corrupción es la causa principal que afecta a la seguridad, debido a que es muy rentable delinquir, cuando los gobiernos no tienen efectividad para perseguir a los delincuentes (cuántos casos hemos conocido que, incluso, los protegen), para integrar correctamente las averiguaciones y para consignarlas ante un juez. Por si fuera poco, un poder judicial en extrema descomposición, donde el “debido proceso” se cuida en extremo, tratándose de delincuentes poderosos o adinerados.
De forma que las dos asignaturas pendientes, que más preocupan a los mexicanos, están estrechamente relacionadas. Registramos una creciente delincuencia y, por consecuencia inseguridad pública, en buena medida a causa de la incapacidad –fracaso- de los gobierno para combatir la corrupción. Pero los gobiernos saben responder con medidas efectistas. Ante el asesinato de Colosio, respondieron con varias fiscalías especiales, que no resolvieron nada. Ante el asesinato creciente de periodistas, respondieron con una Fiscalía Especial para atención a delitos contra periodistas. Ante la impunidad causada en el 95 por ciento de los delitos, proponen un Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.
La impunidad a la corrupción, es el resultado de una red bien aceitada de complicidades que involucra a las fuerzas políticas en los congresos, a los procuradores y fiscales, a los auditores y contralores, y a los ministros, magistrados y jueces. Es un círculo vicioso de confabulaciones en dónde se diluye cualquier acción que pudiera establecer un castigo ejemplar, de forma que es posible evadir la acción de la justicia en un 95 por ciento de los casos. Terminamos con sentencias profundamente injustas, eso sí, “muy apegadas a derecho” (Barba y García Estrada, dixit). Jueces que ven el derecho como fin, y no como medio para impartir justicia. Convenientemente incapaces de discernir con criterio de impartidor de justicia, al emitir una sentencia. La corrupción existe en todos los países. Incluso en los más desarrollados. La diferencia es que ahí se castiga, mientras en otros, como en el nuestro, se alienta al dejarla impune. No será con un fiscal o fiscalía como se resolverá el problema. Para combatir la corrupción se debe acreditar la voluntad, cosa que en Jalisco y en México, simplemente no se observa.