Ayer, en Mural, se publicó senda columna de la Coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, en el Ayuntamiento de Guadalajara. El debate convocado fue sobre la construcción de ‘torres chuecas’ -en la Zona Metropolitana de Guadalajara- bajo la premisa de “Compensar o Demoler”. En el texto de marras, Patricia Martínez reconoce que “encontraron cerca de 160 casos con licencias otorgadas fuera de norma por anteriores administraciones”. De forma que emitieron un reglamento para legalizar lo ilegal, mediante pagos de “compensación y mitigación”. Así declara que “45 edificaciones, pagarán alrededor de 150 millones de pesos y realizarán 96 acciones para mitigar el impacto de sus construcciones”. Se justifica y afirma que ‘mitigando’ con un pago a valor catastral (ojo, no comercial), legalizan eso que se construyó de forma absolutamente ilegal, corrupta y que viola los planes parciales de desarrollo.
Según el Parlamento de Colonias, los desarrolladores de ‘torres chuecas’ siguen los cinco pasos para construir edificios en zonas donde no están permitidos. Primero, obtienen un dictamen de trazos, usos y destinos. Cuando obtienen los dictámenes de trazos, usos y destinos inicia la estrategia ‘chueca’ para edificar fuera de lo permitido. En lugar de certificar que las características del terreno cumplan con los planes parciales, la autoridad municipal corrupta les da “luz verde”. Segundo, esperan dos años o tres hasta que cambie el gobierno del municipio, para que venza el plazo para que el Ayuntamiento pueda ejercer un juicio de lesividad o nulidad. Tercero, si deliberadamente no les responden o les niegan sin argumentos la licencia de edificación, presentan un recurso ante el tribunal más corrupto de Jalisco –TAE-. Cuatro, esperan a que venzan los tiempos de respuesta, sabedores que así será afirmativo, obvio, en complicidad con alguna autoridad del ayuntamiento. “Coplaur u Obras Públicas del Municipio les niegan las licencias de edificación, pero deliberadamente sin fundar y motivar la negativa, lo cual, después de un juicio ante el TAE –off course, con el moche respectivo- o a través de un Amparo, se vuelve una respuesta positiva”. Quinto, mediante sobornos a inspectores y sobre el principio de hechos consumados, terminan la obra, para después encontrar a la autoridad –oficiosamente interesada- que les otorgue el permiso de habitabilidad, y legalice lo ilegal, como ahora ocurre.
Como bien reconoció ayer en Mural la Coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, en el Ayuntamiento de Guadalajara, “a costa de ‘billetazos’ en los tribunales o inventando que la firma de un funcionario podía más que cualquier ley”, “construir edificios que rebasaran lo permitido se volvió normal”. Para eso crearon en Guadalajara un reglamento… ¡que legaliza lo ilegal! Genial.