El día de ayer, dos de los aspirantes panistas a la candidatura por la presidencia, Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala, y el aspirante del PRD, Silvano Aureoles, firmaron una singular misiva a los líderes de la coalición opositora “frente ciudadano por México”, en la que demandan algo que es de elemental sentido común: que se elija democráticamente al candidato que los representará. En una misiva fechada el 1 de octubre de 2017, coincidieron en una verdad de perogrullo, “Consideramos indispensable que se transparente de inmediato la forma en que se prevé garantizar la participación de la sociedad, con un modelo auténticamente democrático e incluyente. Estamos convencidos de que la única forma de asegurarlo es que los candidatos que en su momento se postulen, emanen de una elección abierta a la ciudadanía”, señalaron en una carta enviada a los líderes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
No obstante, otras voces insisten en definir el candidato mediante una “encuesta”. Pues bien, si las encuestas indicaran siempre lo que va a ocurrir en el futuro (si fueran estudios de prospectiva y no de retrospectiva), Felipe Calderón debió declinar en los primeros meses de su campaña presidencial; pues entonces, todas las encuestas favorecían a López Obrador. Arturo Zamora, quien siempre fue el favorito de todas las encuestas publicadas, debió ser gobernador de Jalisco, en vez de Emilio González. Bajo la misma lógica, Jorge Arana hubiese sido presidente de Guadalajara, pues llegó a sacar al PAN más de 20 puntos porcentuales de ventaja en las encuestas levantadas entonces. Incluso, Enrique Alfaro, el favorito de las encuestas en su momento, hubiese sido presidente municipal de Tlajomulco cuando compitió por el PRI, debido a la amplia ventaja que entonces le concedían todas las encuestas. Hillary Clinton sería presidenta de Estados Unidos, y no Trump. El movimiento “Podemos” habría desbancado al PSOE en el parlamento español, y el Brexit británico hubiese resultado un sí, en vez de indicar la salida de Europa. En Colombia las encuestas debieron llevar a que ganaría el referéndum del sí a la paz, pero no fue así. El caso es que las encuestas NO son estudios de prospectiva, mucho menos en materia electoral.
Los periodos que la ley establece para realizar las campañas son, precisamente, para cambiar la percepción de los futuros votantes, al someter a escrutinio de los electores a un partido que postula a un determinado candidato, en un contexto político específico que ninguna encuesta puede emular de manera predictiva. Los candidatos con los que competirá cada partido, la coyuntura política del país y el ánimo de los electores, no puede predecirse con certeza por ninguna encuesta. Por tanto, ninguna encuesta puede sustituir el legítimo derecho que los electores tienen para decidir quién debe ser su candidato.