Desde el año 2009, en que se modificó la Ley de Pensiones para permitir que se disponga de poder absoluto sobre el dinero de las aportaciones que los trabajadores realizan para su pensión y jubilación, comenzaron con las multimillonarias inversiones fallidas, o deliberadamente fraudulentas.
Destacan las siguientes. Caso ‘Abisalud’. Aquí existe un ‘adeudo de medicamento derivado de una licitación’. Al respecto se integra la demanda en una carpeta de investigación de número 146/2019. Se trata de un procedimiento administrativo por un monto de 50 millones 122 mil 845 pesos. Se trata de reiterados incumplimientos del contrato de abastecimiento de medicinas, que mediante licitación le fue otorgado a ABISALUD. De forma que existe un proceso para ejecutar la fianza del contrato, debido al reiterado incumplimiento. Donde se espera que se resuelva el amparo 1555/2020 y se dicte el sobreseimiento.
En la misma carpeta de investigación abierta, con el número 146/2019, existe otro reclamo por un monto de 36 millones 129 mil pesos. Se trata de otra licitación pública, que data de 2016, para que ‘Abisalud’ surtiera de medicamentos a UNIMEF. Se celebró un contrato con ‘Abisalud’, no obstante, la propuesta económica definió 31 claves médicas a sobreprecio. Lo que causa un daño al patrimonio del Ipejal.
Otro expediente negro del Ipejal es el caso ‘Álamo’. Se encuentra bajo el expediente número 171/2018, y se reclama por la vía penal. Se trata de un litigio por 93 millones 750 mil pesos. Corresponde a un terreno de pensiones que se encuentra en la colonia del Álamo, en el cual se adquirió el derecho de propiedad del inmueble, cuando ¡ya es de IPEJAL este derecho! Pertenece efectivamente ya a pensiones, porque se dio en dación de pago, por el adeudo de prestaciones de seguridad social de Servicios y Transportes. Francisco Javier Aquí se vendió con escrituras apócrifas a Stalhaulsser, y a su vez, Castores le presta capital a Sthalhausser para adquirir el inmueble. Actualmente, este asunto se encuentra en espera de que cumplimenten la orden de aprensión.
Un expediente negro más de Ipejal, es el del caso ‘Manglar’, por 31 millones 403 mil 744 DÓLARES. IPEJAL posee un terreno en Puerto Vallarta que fue adquirido. El predio era ejidal, pero se lo dieron al municipio y este lo entregó a Ipejal por deuda. El presidente del Consejo de Administración demandó a Ipejal porque el predio es de Raúl Octavio (ex funcionario del gobierno del estado) quien pretende reclamar la propiedad por medio de un contrato falso de cesión de derechos. El notario niega la celebración de este hecho, pues no está en sus libros de protocolización ya que el mismo carece de formalidades. Se trata de un litigio en materia civil, en donde un ex funcionario público pretende acreditar la propiedad del inmueble, con una cesión de derechos pendiente por resolver. Aquí se litiga la rescisión del contrato de compraventa con el IPEJAL y una demanda la nulidad de las escrituras. De estas fallidas o fraudulentas inversiones, que deberá resolver jurídicamente con éxito el ex magistrado electoral Rodrigo Moreno Trujillo (hoy director jurídico de Ipejal), depende la verdadera viabilidad financiera del Ipejal.
Mi columna la puedes encontrar aquí, en Milenio.