Una vez más, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrige la plana al Tribunal Electoral de Jalisco y a la Sala Regional Federal. Cuando se modifica de forma sistemática el trabajo, una y otra vez, la conclusión es que se está haciendo mal el mismo. El caso es que hemos llegado a un punto en donde los órganos jurisdiccionales locales de Jalisco, deliberadamente juzgan con criterio político los asuntos, sin observar el fondo, la ley o el sentido común. Eso sí, buscando quedar bien con el poder local, dejando de lado su función de magistrados. Al fin que, bien se sabe, hay dos instancias más, en donde se dirá, ahí sí, la última palabra bien fundamentada.
De forma que, estas instituciones locales, están cada vez más lejos de aportar certeza (como dicen sus spots de televisión), sino más bien, se les conoce y reconoce más y más -tristemente- por su desinhibida filiación política a la hora de resolver, para quedar bien con quien manda en Jalisco, aunque luego les deban corregir absolutamente el sentido de sus sentencias. Pero el pudor, es justamente algo que hace tiempo perdieron las instancias electorales locales. Sus fallos son parciales, poco fundados y motivados y, en ocasiones, descaradamente parciales.
Incluso, en contra del sentido común, como ocurrió con la convocatoria a elecciones extraordinarias aprobada deliberadamente ilegal por el Congreso del Estado de Jalisco. ¿Ese es el federalismo al que se defiende de cara a órganos locales parciales y muy poco profesionales? La defensa del federalismo pasa por demostrar que a nivel local se pueden hacer mejor las cosas que en el ámbito federal. Con apego a la ley, con vocación democrática, pluralismo y respetando la justa competencia. Lamentablemente, en vez de ganar reputación, se pierde con cada caso resuelto bajo la directriz dictada, en detrimento de la autonomía y profesionalismo del poder que representan esos magistrados, rectificados y vapuleados una y otra vez por las últimas instancias, en donde sus argumentaciones contradictorias, ‘no pasan la prueba del añejo’.
Lo mismo ocurre con algunas legislaturas locales (como la que recién terminó) que, consientes de que lo aprueban es burdamente inconstitucional, legislan para dar gusto a los gobernadores, en franca ilegalidad de su actuar impune (la Ley Bonilla, por ejemplo). Así aprobaron reformas en Jalisco al Sistema Estatal Anticorrupción, ilegales, que luego el mismo que se las pidió tuvo que vetar, por absolutamente inadmisibles. Pero parece que, para las mayorías, el rol del legislador se circunscribe, a levantar la mano para ser partícipe de complicidades, caprichos al margen de la ley y actos ilegales, desde la tribuna del Poder Legislativo Local.
Algo se tendrá que hacer frente a la práctica cada vez más generalizada de violar la ley, premeditadamente, para cumplir caprichos y obsesiones. En el servicio público se debe realizar expresamente lo que la ley les faculta. Pero parece que no hay marco legal o referencia jurídica que pueda guiar el trabajo de estas instituciones que nos cuestan mucho dinero, y que solo aportan la mala nota, por lo ridículo de su actuación pública.
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