De acuerdo con la ONU, el fenómeno delincuencial relacionado con las personas en calidad de ‘desaparecidas’, es “uno de los crímenes más atroces que puede existir”. La Convención Internacional Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, redactada por la Asamblea General de la ONU el 29 de junio de 2006, sostiene en su Preámbulo que “la desaparición forzada, constituye un delito (…), ¡un crimen de lesa humanidad!”.
Deben hacerse oportunas acotaciones o diferenciaciones al respecto. En México, lo que ocurre preponderantemente, es la ‘desaparición de personas cometida por particulares’, más que la ‘desaparición forzada’ cometida por autoridades del Estado. De forma que, mientras que en nuestro país la ‘desaparición de personas cometida por particulares’ es perpetrada por integrantes del crimen organizado, la ‘desaparición forzada’ es cometida por agentes del Estado —normalmente de aquellos que están encargados de ‘brindar seguridad’—. La ‘desaparición de personas cometida por particulares’ tiene, antes bien, un móvil delincuencial: asegurar la preminencia, permanencia y superioridad de un cártel como ‘dueño’ de la ‘plaza’; y la ‘desaparición forzada’ tiene un móvil netamente político: acallar a la oposición política y/o a las voces disidentes en regímenes autoritarios, o bien, dictaduras militares. Lamentablemente, aunque la Ley General en la materia también emplea esta sustantiva distinción, no produce información disgregada en este tenor.
En Jalisco, los datos oficiales relacionados con este lastimoso delito indican un alarmante contexto de inseguridad. De acuerdo con el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Recuperados, de diciembre de 2018 a junio de 2021, de entre el top 5 de los ‘municipios con mayor número de cuerpos recuperados’, tres corresponden a nuestra entidad: Tlajomulco de Zúñiga, ubicada en un 1er sitio; El Salto, en un 2do lugar; y, Zapopan, en un 4to peldaño.
El Reporte Semestral de esta estadística, elaborado por la Segob, establece que de los ’10 estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas y no localizadas’, en el periodo comprendido de diciembre de 2018 a junio de 2021, la entidad federativa que encabeza este ranking es Jalisco, que se sitúa en una 1ra posición con tres mil 948 reportes, que comprenden el 18.32% del total de casos reportados ¡a nivel nacional! Este estudio concluye que “el 63.02% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en 7 estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.”
El día de ayer, EL INFORMADOR, en primera plana, destacó que con base en cifras del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, MIDE Jalisco, en los últimos tres años han sido declaradas como desaparecidas en Jalisco, cinco mil 418 personas, es decir, el 50.2% de las 10 mil 77 reportadas por el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid).
Un lastimoso indicador de inseguridad sobre uno de los más atroces delitos, que, más que disminuir, acredita un exponencial crecimiento en Jalisco, durante los últimos tres años —de acuerdo con cifras oficiales—, a pesar del decremento inexplicable, en el útlimo año, en la percepción de inseguridad, según INEGI.
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