Una contradicción lógica, pero cuyo contenido es verdadero. Eso ocurrió el 11 de noviembre pasado en una legislatura local que, por primera vez en la historia de Jalisco, se integra por 24 diputadas y únicamente 14 legisladores varones. Con el 63 por ciento de la representación política del pueblo de Jalisco en manos de mujeres, en el Congreso del Estado las inequidades continúan, ahora, con el aval de la mayoría de esas diputadas que desempeñan el cargo. Esa paradoja nos lleva a preguntarnos, ¿qué se requiere para que una representación, mayoritariamente integrada por mujeres, se decida a integrar con criterio de paridad los cargos de la estructura administrativa en el Congreso?
El Poder Legislativo local tomó protesta, la semana pasada, a Juan Alberto Salinas Macías, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Juan Carlos Magallanes Martínez, Gerardo Rafael Trujillo Vera, Adrián Robles Osorio, Carlos Daniel Barba Rodríguez y Noé Saúl Ramos García. Todos estos hombres fueron avalados por una mayoría de mujeres legisladoras en los cargos.
Con singular claridad lo dijo el diputado José María Martínez: “es correcto, ninguna mujer. De las coordinaciones administrativas, ninguna mujer (…) No se pusieron a consideración ninguna”. Resulta que cada grupo parlamentario (con mayoría de mujeres) que negoció parte de este ‘botín’ del Congreso, propuso diversos perfiles, pero ninguna(o) planteó tan solo una mujer para desempeñar una de estas responsabilidades. También asumieron el deber los 20 titulares de los órganos técnicos de cada comisión de esta Legislatura, donde, igualmente, 14 se nombraron hombres y únicamente seis son mujeres.
Buena parte de estas contradicciones, profundamente contradictorias, se explican por la ausencia de respeto a la investidura de las y los legisladores, que acuden al Congreso y asumen decisiones que no se construyen en el seno de ese poder autónomo que integran. Avalan designaciones que nada tienen que ver con la naturaleza de su representación, ni de la cuota de género que por ley les permitió llegar al Congreso, al reservar un número de candidaturas para que las mujeres, tuviesen –ahora sí– la posibilidad de encabezar una representación política con perspectiva de género en Jalisco.
Mal arranque para una legislatura que posee la posibilidad de marcar un precedente histórico, debido a la ventaja de que, 24 diputadas democráticamente electas, pueden hacer valer su condición de mujer, para mitigar ese relego del que han sido objeto por décadas. Pero no es solo la condición de género lo que es necesario revalorar en el Congreso de Jalisco, también el desempeño del cargo de legisladora y legislador.
Básicamente, el compromiso de asumir la autonomía que la ley les concede como integrantes de un poder, la libertad de acción y decisión que el cargo ofrece para una y un representante popular. Mientras el Congreso decida mantenerse sometido; eso que describen como el ‘el patriarcado’, no tendrá solución a mediano plazo. No será por la ausencia de mujeres en la integración de la representación, sino evidentemente, por la precaria voluntad para avanzar con una perspectiva de género en las decisiones del Congreso, del cual hoy son mayoría.
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