Se ha dicho que el reciente otorgamiento del permiso de habitabilidad en las Villas Panamericanas, por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), representa una “trama (de corrupción) más compleja” de lo que a priori se supone. Lo que envuelve a este singular tribunal, más que una “trama”; es, a todas luces, el “drama” para la justicia administrativa en toda la extensión de la palabra, justamente por que NO son unas ‘blancas palomas’.
Es alejado de la verdad que las “tramas” de corrupción, en materia de desarrollo urbano, inician siempre en Ayuntamientos que, deliberadamente, se dejan ganar frente al interés depredador y corruptor de diversos “empresarios inmobiliarios” para que, finalmente, el ‘pobre’ TJA, amordazado y con ‘camisa de fuerza’ —pero muy bien aceitado $$—, otorgue permisos de habitabilidad en donde lo prohíben planes parciales, zonas de amortiguamiento y áreas naturales protegidas. Todo —pobres víctimas—, a causa de la omisión en los ayuntamientos. Por favor… si son numerosísimos los casos en que las autoridades municipales electas se han ‘fajado los pantalones’ ante sentencias injustas de este Tribunal, con amenaza, además —que no cumplen, por algo será— de arrestar por desacato (Lemus, Vielma).
Aún suponiendo sin conceder, que el TJA encontró la coartada para otorgar la habitabilidad en las Villas Panamericanas, por las negligencias del gobierno de Zapopan, habría que decir que eso no justifica la oficiosa defensión de la probidad del TJA, que NO acreditan en los hechos. ‘Una golondrina, no hace verano’. Un tribunal imparcial y justo, no es el que busca en el ‘derecho’ la excusa para legalizar atracos (ausentes del más elemental sentido de justicia medioambiental); sino el que, en todas sus resoluciones, manifiesta una fundamentación y motivación justa y apegada a Derecho (ambas). Específicamente al derecho al medio ambiente digno de la ciudad. Si algo ha distinguido al TJA en los últimos 10 años, es precisamente su nulo compromiso con el medio ambiente y el derecho a la ciudad, para convertirse, insisto, en ¡el enemigo público número de la metrópoli!
¿La causa? Que en las Salas del TJA despachan abusivamente dos ‘suertudotes’ magistrados —García Estrada y Barba Gómez—, a los que, por inexplicables azares ‘cuánticos’ del destino, les ‘turnan’ los más ‘pesados’ y ‘pesudos’ ($) casos relacionados con el ilegal desarrollo urbano (inmobiliario) de la metrópoli, para resolver, siempre, al mejor po$tor y en flagrante detrimento de los intereses de la ciudad. Debido a ello, en agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, les congeló sus cuentas bancarias debido a que poseen inmuebles, autos y cuentas bancarias que NO correspondían a sus ingresos (¿?). Además, sobre este par de notorios magistrados descansan juicios políticos disímbolos, solicitados en su contra —y en la ‘congeladora’ del Congreso— por el daño que han causado con su cargo de ‘impartir de justicia’, al haber autorizado complejos inmobiliarios sin el nimio sustento jurídico. También, cinco de sus seis magistrados se ampararon contra la reforma al Poder Judicial, promovida por el Ejecutivo, para evadir las evaluaciones de control de confianza. Entre otras muchas argucias legales.
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