El pasado 1 de marzo, MILENIO publicó que se “Presentan denuncias por más inversiones irregulares de Ipejal”. Específicamente, la Contraloría del Estado señala que (ojo con la gravedad de lo detectado) “se destinaron recursos a proyectos sin verificar criterios de rentabilidad, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD, RENDIMIENTO Y LIQUIDEZ”. Además, se advierte que “de los mil 626 millones de pesos observados por la inversión en la empresa Transporte Marítimo Mexicano S. A. de C.V. 626 millones de pesos procedían del Fideicomiso del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (Sadar)”. Ni el mismo fondo para el retiro escapa de las inversiones fallidas, deliberadamente fraudulentas de ese Comité de Inversiones que aprueba y pierde, en absoluta impunidad, miles de millones de pesos del dinero que los trabajadores al servicio del Estado aportan para su jubilación.
Los actos constitutivos de delitos son por partida doble. Primero; por invertir esa cantidad de fondos de los recursos que aportan los trabajadores para su jubilación, ‘incumpliendo las políticas de inversión del mismo Ipejal’. Segundo; por “una triangulación que hace posible la celebración del Fideicomiso y del que NO era posible transferir directamente. Del Fideicomiso del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (Sadar), no podrían extraerse recursos, tal como fraudulentamente se hizo. Ante ello, la afirmación de la Contraloría es reveladora: “Se dejó en estado de vulnerabilidad el patrimonio de los trabajadores, concretamente los destinados al Sadar”.
Básicamente, debido a estos dos hallazgos de la mayor relevancia, es que la Contraloría debió ampliar la denuncia ya presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, desde diciembre de 2021, y de la cuál esta Fiscalía no reporta mayor avance. Las inversiones deliberadamente fraudulentas y flagrantemente fallidas, hipotecaron un derecho laboral a la pensión y jubilación, debido a un modelo de inversiones que no impone ninguna responsabilidad a coyotes y cómplices corruptos que son parte de la mayor estafa (más de dos mil millones de pesos), que ya es pública, y por la cual absolutamente nadie ha sido consignado. Aquí es dónde queda en evidencia que a pesar de ingeniosas instituciones públicas (contralorías, fiscalías y un despistado Sistema Anticorrupción), continúan los fraudes multimillonarios, mediados por los coyotes (eufemísticamente llamados ‘asesores financieros’), que diseñan y consuman los más grotescos daños al patrimonio, en este caso, ¡de un fondo que garantiza un derecho social!
Nos enumeran ahora las corridas financieras y los estudios actuariales que detectan un “déficit” del Ipejal que asciende a (abusados con la cantidad) 260 MIL MILLONES DE PESOS, cuando apenas hace tres años el monto de este ‘boquete’ era de 57 mil millones de pesos. Esto no ha sido causado preponderantemente por las prestaciones de los jubilados o los servicios médicos, sino fundamentalmente se debe al robo impune, solapado y reiterado de cientos y miles de millones, en cada ‘maroma’. Un Consejo Directivo a modo y un Comité de Inversiones plagado de irregularidades, atrae a todo tipo de vivales. Como moscas a la miel.
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