En México se destina aproximadamente el 0.7% del PIB Nacional a infraestructura para la gestión del agua. No obstante, de acuerdo con organismos internacionales (World Resources Institute) y nacionales (como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua: IMTA), México debería invertir el 2% del PIB Nacional para resolver el ‘estrés hídrico’ del país [que ocurre cuando la demanda supera a su disponibilidad. De modo que el adecuado ordenamiento del territorio no sólo favorece la ‘sostenibilidad del agua’, sino el correcto funcionamiento de todo el ‘metabolismo urbano’].
De hecho, de acuerdo con el World Resources Institut (2022), México se encuentra entre el 46% de países que requieren una inversión en la ‘gestión sostenible del agua’ que resulta igual o menor al 2% del PIB. Otro 43% de las naciones del planeta necesitan inversiones que van de un 2% a un 8% de su PIB. Y, finalmente, un 11% países requieren de inversiones mayores al 8% de su PIB para resolver el ‘estrés hídrico’ de sus naciones de cara al 2050 —apenas, hasta este año, lo que podría cambiar posterior a él, según el impacto del cambio climático—.
De acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 del gobierno federal, en México ¡sólo el 58% de la población recibe agua potable diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico! De modo que la presión o estrés hídrica en el país asciende al 40%, según datos de Conagua.
Conagua advierte que, en todo el país, el sector agropecuario (sector primario de la economía) absorbe o capta el 74% del consumo total de agua. El sector industrial (sector secundario) apenas el 16%. Y el consumo urbano-residencial tan sólo el 10%. A ejemplos de ilustrar lo anterior, para producir tan solo un litro de carne se necesitan 20 mil litros de agua —cifra que podría reducirse, en al menos la mitad, de acuerdo con la FAO de la ONU—. Un kilo de arroz necesita 4 mil litros de agua. Un kilo de aguacate mil litros de agua.
En la Constitución General de la República se establece, en su artículo cuarto, que el agua es un derecho humano: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. “El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
En aquel entonces, el Congreso de la Unión, en el decreto de reforma constitucional aprobó también un tercer transitorio que dice: “El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”. De forma que, desde hace casi 10 años, el Congreso de la Unión le debe a los mexicanos una Ley General de Aguas (ahora sólo tenemos una Ley de Aguas Nacionales publicada, en el DOF, el 1 de diciembre de 1992). Un atraso de 30 en la legislación de la materia.
La realidad es que, donde se deben hacer los mayores ahorros o ajustes del consumo del agua, con implementación de tecnología de punta, es precisamente en el sector agropecuario. Esto porque, por ejemplo, en Nuevo León, ¡el sector industrial apenas consume el 7% del agua, y aporta el 34% del PIB Estatal! Pues han hecho inversiones en la implementación de tecnología para su reciclaje y en plantas de tratamiento. Sin embargo, el sector agropecuario de Nuevo León consume el 74% del agua en la entidad. No obstante, ¡aporta tan sólo el 0.5% del PIB total de Nuevo León! [el contraste es hecho con base en datos de Inegi y Conagua].
De modo que entidades como Nuevo León deberían valorar si continúan destinándole tanta agua a un sector económico (primario o agropecuario) que le da paupérrimos réditos a la entidad: “La presión hídrica está por encima del 40 por ciento desde 2014. Esto implica que está en un nivel alto; por lo que se requiere infraestructura para incrementar la oferta y acciones para reducir la demanda”.
Finalmente, resulta importante identificar que de acuerdo con IMCO, en México, “por cada 10 litros de agua distribuida, sólo llegan seis a sus usuarios, y los restantes cuatro se pierden en fugas”.
Mi columna también la puedes ver aquí, en Milenio Jalisco.