El día de hoy Francisco Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Vladimir Cisneros González, y José Alexis Rojas Umazor, tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, fueron citados a una Audiencia de Formulación de Imputación ante un juez. Con todo el peso de la red de complicidades que existe detrás del despojo de 13.6 hectáreas, propiedad de la Ciudad de Guadalajara, se quiere inhibir el derecho a la protesta social, criminalizando la legítima defensa de tres estudiantes, vecinos de Huentitán, que junto a más de un centenar de vecinos han levantado la voz por el despojo impune a la Ciudad de Guadalajara, con el desarrollo llamado ‘Iconia’.
El grupo de vecinos, que se hizo llamar Grupo Resistencia Huentitán, argumenta que, el 30 de diciembre de 1980, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el Decreto 10421, en donde autoriza al Ayuntamiento de Guadalajara la adquisición de diversos inmuebles, entre ellos el predio sobre el que ulteriormente se asentaría el desarrollo de Puerta Guadalajara, ahora Iconia. Predio que fue adquirido “con el fin de construir en ellos un Parque Municipal”.
El 19 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria aprobó la edificación del proyecto Puerta Guadalajara, hoy renombrado como Iconia. Para ello realizó un convenio marco de asociación, mediante el cuál entregó la posesión de 13.6 hectáreas, a cambio de contraprestaciones en especie (¿por qué en especie?). Los desarrolladores entregarían al municipio tapatío, como pago, “obras sociales como contraprestación” por el predio cedido de 13.6 hectáreas, con un valor que entonces se calculó en 65 millones 534 mil dólares (ojo, la operación se reguló en dólares), considerando en su momento (2008) una paridad de 10.5 pesos mexicanos por dólar, para así arrojar una cantidad de 688 millones 107 mil pesos.
Parte del fraude es que, 14 años después, se considera aún este valor como referencia (el dólar a 10.5 pesos), sobre un tipo de cambio que ahora cotiza al dólar en 20.48 pesos. Más aún, la inflación acontecida casi tres lustros después, ha sido extrañamente obviada por las autoridades, encabezadas por, hasta ahora, cinco alcaldes electos y tres interinos de tres partidos diferentes.
Una decisión que contraviene el decreto emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, mismo que no ha sido revocado o modificado y que define como objetivos para el predio: “construir un Parque Municipal” para el disfrute, esparcimiento y recreación de los tapatíos, según los objetivos que se desprenden del Decreto 10421, aprobado por el Congreso del Estado, 28 años atrás.
La Asociación “Parque Resistencia de Huentitán”, inició un movimiento social, en protesta por la edificación de Iconia, ese proyecto que se ha apropiado, sin pagar, de un terreno que pertenece a la Ciudad de Guadalajara, y que fue cedido de forma fraudulenta a un grupo de desarrolladores, en complicidad con autoridades estatales y municipales de diferentes partidos. Han pasado gobiernos del PAN, del PRI y de MC, y a pesar de existir varios convenios posteriores -todos desventajosos para la ciudad -, las contraprestaciones pactadas se han incumplido, no solo en el tipo de obras a retribuir para la ciudad, sino en el tiempo firmado para concluirlas. El último plazo venció en diciembre de 2018, sin que a la fecha jamás se haga valer la penalización correspondiente por incumplimiento.
La iniciativa de protesta de los vecinos “Resistencia de Huentitán”, incluyendo estos tres estudiantes universitarios, es un ejercicio absolutamente legítimo de defensa de un espacio público propiedad de la ciudad y que impacta, de forma más directa, a los vecinos de la Barranca de Huentitán.
No se trata de un “conflicto entre particulares”, porque esas 13.6 hectáreas no han sido adquiridas, conforme a los convenios, por los desarrolladores, puesto que no han entregado las obras pactadas en la forma y en los tiempos convenidos. El Decreto 10421, emitido por Congreso del Estado de Jalisco el 30 de diciembre de 1980, sigue vigente. No existe razón para que alguna autoridad del gobierno determine como agravio, que ciudadanos vecinos y jóvenes estudiantes reclamen su derecho a la legítima defensa del patrimonio público de la ciudad.
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