Lawfare/Imagen Internet
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), recientemente, ha instituido un Observatorio para dar seguimiento a un fenómeno cada vez más creciente en los gobiernos de la región: la ‘judicialización de la política’ y la ‘politización de la justicia’. Para ello ha acuñado el término ‘lawfare’, que refiere a una “guerra política por la vía judicial”, caracterizada por el abuso y la captura de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, a efectos de perseguir a opositores políticos y periodistas críticos, para no sólo castigar a liderazgos sociales que protestan, sino también inhibir a la prensa libre.
Si los poderes no se encuentran divididos, las libertades peligran. Ya lo advertía Montesquieu: “no hay libertad política si el Poder Judicial no se encuentra debidamente separado del Poder Ejecutivo”. Bajo el actual contexto de captura del Poder Judicial en Jalisco, podría decirse que, actualmente, ‘la justicia es la continuación de la política, con otros medios’. La falta de articulación de la oposición y la palidez en el perfil de los legisladores y magistrados de Jalisco afianza una supremacía del Poder Ejecutivo, quede forma paulatina neutraliza el sentido original del principio de la separación de poderes, que debería funcionar para que se evite la sumisión de un poder a otro.
Como apunta el Observatorio de Lawfare del Celag, la lucha por el poder, que ahora se dirime en los aparatos estatales de justicia, capturados por el Ejecutivo, pretenden instaurar una “juristocracia”, que apela a que aparentemente se combate la corrupción, a efectos de hacer valer el “imperio de la ley” y el “respeto a la propiedad privada”. Es decir, no sólo se trata de ‘someter’ a opositores políticos, sino de ‘convencer’ a la opinión pública que los ‘medios’ y los ‘fines’ usados por el gobierno (la prisión preventiva oficiosa a estudiantes), fueron justificados.
La ‘lawfare’ entraña dejar a los fiscales y jueces —sometidos al Ejecutivo— la tarea de perseguir a quien critica disiente y se opone a los abusos del poder a través del ‘aparato judicial’. Lo anterior, a efectos de persuadir a opositores y periodistas críticos, que la protesta debe ser castigada porque se trata de “intereses políticos”. Los integrantes de esta nueva “juristocracia”, que se opera quirúrgica y políticamente desde el momento mismo de sus designaciones y remociones (por eso se niegan a una Ley de Designaciones), resultan vitales para asegurar los efectos de la ‘lawfare’. Ahí es donde la justicia se politiza para terminar por anular la separación y el equilibrio entre poderes. Recordemos que la división de poderes y la existencia de frenos y contrapesos es la consecuencia de normas legales para asegurar, precisamente, libertades políticas.
Para todo esto se fabrican de los delitos desde el Poder Ejecutivo, con ‘delaciones premiadas’, en donde acusados, inducidos por el poder, culpan a otros (opositores) a cambio de una reducción en sus penas, el no ejercicio de la acción penal o el deliberado desaseo de una investigación para que, a la postre, se conceda el amparo por “violaciones al debido proceso”. Lo anterior, con el propósito de llegar ‘al objetivo político’ y destruir su capital social. Así es como las fiscalías, para evadir la genuina brújula orientadora del Derecho y la Justicia, terminan por convertirse en ‘academias de canto’, que dan lugar a carpetas de investigación que tienen el único sustento de registrar ‘delaciones premiadas’ que son “utilizadas como pruebas en sí mismas”. Posteriormente, se echa mano de prisiones preventivas o provisionales para que los disidentes, mientras tanto, purguen “una pena sin condena”, para escarmiento de la libertad de crítica, de expresión y manifestación. Se instituye así la antítesis de todo Estado de Derecho, en materia penal, toda vez que se persiguen personas y no delitos.
Es así como se criminaliza la protesta social, se pretenden inhabilitar, jurídica o moralmente, a líderes sociales, opositores y periodistas críticos. De modo que el ‘lawfare’ o la ‘guerra judicial’, tiene también por objetivo instaurar el ‘lawfear’, es decir, utilizar a “la ley como arma para infundir miedo y autocensura”, tal como lo advierte el Celag.
Gabriel Torres Espinoza