Corrupción/Imagen Internet
El 31 de enero pasado, Transparencia Internacional publicó el estudio ‘Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022’. Al respecto es importante mencionar que la clasificación del IPC establece una escala de calificación que va del 0 (cero) —que refiere a un país “altamente corrupto”— al 100 —que corresponde a un país “muy limpio”—. El punto sobre el que advierte, Transparencia Internacional, una enfática preocupación es que, durante más de una década, el promedio global de calificación del IPC, respecto de los 180 países y territorios evaluados en sus informes anuales, ha permanecido intacto: con un 43 de score.
Es importante señalar que México, en el IPC 2022, aparece en el lugar 126 de 180, con una puntuación de 31/100. No obstante, en el IPC de 2012, es decir, 10 años atrás, México aparecía en la posición 105 con una calificación de 34/100. De forma que, en una década, México retrocedió 21 lugares en el ranking internacional y disminuyó en tres puntos su calificación. Lo anterior, a pesar de la aparatosa, abigarrada e ineficiente estructura institucional instalada en México para combatir la corrupción, derivada de un sinfín de ‘reformas estructurales’, en el siglo XXI, que lo único que han asegurado es un auténtico ‘gatopardismo’ en materia de combate a la corrupción, al cambiar todo, para que todo siga exactamente igual, o incluso, peor. Me explico.
De nada han servido las reformas que dieron lugar a la transparencia, con la instalación de Unidades de Transparencia e Información (UTI’s) en cada ente público, la institucionalización de las solicitudes de información y/o transparencia y la autonomía constitucional del órgano garante del derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque lo que ha venido ocurriendo es que la transparencia, más que inhibir los actos de corrupción, los ha hecho de conocimiento público —con montos cada vez más escandalosos y frecuentes—, sin la más mínima repercusión.
De igual manera, los Órganos Internos de Control (OIC’s) existentes en cada dependencia u organismo público del Poder Ejecutivo —que es quien ejerce la mayor parte del Presupuesto—, y las Contralorías Generales, también dependencias adscritas al Ejecutivo, son nombradas y/o propuestas por su Titular.
Por su parte, las Auditorías Superiores, publican los Informes de Cuenta Pública con casi dos años de atraso. Después, es el Congreso, quien a través de la Comisión respectiva (Comisión de Vigilancia, p. ej.), se ha convertido, en los últimos años, en una auténtica ‘lavadora de cuentas’, en abierta contradicción a los créditos fiscales previstos y fincados en los Informes de Cuenta Pública. Lo anterior, toda vez que, esta Comisión, tiene la facultad última y única de “revisarlos” y “aprobarlos”. No obstante, en el más complicado de los caos, es esta Comisión quien los archiva por años ‘en la congeladora’ a efectos de que prescriban las responsabilidades administrativas y penales derivados de los créditos fiscales impuestos por las Auditorías Superiores.
Adicionalmente, se encuentran las Fiscalías Anticorrupción que, si bien son autónomas, se les deja en franca ‘inoperancia’ con raquíticos presupuestos para evitar que investiguen y persigan a los corruptos. Por si lo anterior fuera poco, a los Comités de Participación Social, de los Sistemas Anticorrupción, se les establecen, normativamente, funciones netamente recomendatorias y no vinculantes a efectos de que no ejerzan ningún tipo de control o sanción al Poder.
Finalmente, están los jueces que se encuentran prestos al mejor postor (corrupto) para concederles un amparo que, a la brevedad, los dejará en libertad. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque son nombrados sin ningún criterio de carrera y probidad por una Judicatura que, a su vez, es integrada por un Poder Legislativo que viola flagrantemente todos los criterios de una Convocatoria emitida por él mismo, para así pasarse por el ‘arco del triunfo’ los requisitos de elegibilidad en términos de perfiles, conocimientos y trayectorias (como ocurre también con los Magistrados del TJA).
Gabriel Torres Espinoza