agua/Imagen Internet

En días pasados se dio a conocer que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) suspenderá en los próximos días el suministro de agua en 1,003 colonias que corresponden a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán. Un ‘megacorte’ del vital líquido que tendrá como inicio el 6 de abril y como cierre, si todo sale bien, el 11 de abril. Una semana sin agua, en plena temporada de estiaje. A efectos de poner en contexto lo anterior, conviene destacar que, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG Jalisco), derivado del último registro poblacional intercensal, confirmó que toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con 1,506 colonias. ¡De ese tamaño es la suspensión de facto, no de jure, de un derecho humano fundamental!

Pero no se trata de un hecho aislado, sino de una ‘nueva normalidad’ apuntalada por el Siapa, encargado de la red de agua potable y alcantarillado en la metrópoli. Esto porque casi 150 colonias del AMG, conectadas al sistema intermunicipal, no ha recibido agua desde 2019. El propio Siapa reconoce que más de mil colonias del AMG registran tandeos o recortes recurrentes, los cuales se ven agravados en temporadas de estiaje (de marzo a junio cada año).

Lo irónico del caso es que la escasez de agua en la metrópoli contrasta, diametralmente, con los crecientes puntos de inundación en toda la urbe. Botón de muestra. Mientras que, actualmente, son casi 400 las zonas de riesgo de inundación; en 2010, este número ascendía a apenas 130. Lo anterior, desde luego, sin considerar el reiterado aspecto ‘chocolatoso’ y fétido que tiene el “agua potable” —que, por definición, indica a aquella “que se puede beber” (RAE: 2023)—. Un perjudicial suceso que es denunciado por centenares de colonias y vecinos a través de medios tradicionales y redes sociales.

De forma que no es para nada fortuito el hecho de que, durante el año pasado (2022), el Siapa registrara el 2º lugar en número de quejas recibidas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con un total de mil 457. Por ello es que el Siapa se niega a demostrar que la calidad del suministro de “agua potable” se encuentra apegada a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 relacionada con los “límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

Así que bien puede decirse que, con relación a la gestión del líquido vital en el AMG, en términos de ‘suministro’, ‘potabilización’ y ‘alcantarillado’, son tres los principales problemas que aquejan a los habitantes de la metrópoli: I) la escasez del recurso hídrico; II) la mala y deficitaria calidad del vital líquido; y III) las crecientes inundaciones catastróficas en la ciudad en temporales de lluvias. En todos ellos, el SIAPA es responsable único y directo de mayúscula afectación en la sociedad, por violar sistemáticamente un derecho humano, por entregar un servicio en deplorables condiciones y por situar en riesgo la vida de personas en temporal de lluvias.

De forma que este organismo se ha distinguido no sólo por su terrible ineficiencia, sino también por ser un paradigmático ‘nido’ de corrupción. Recuérdese que, en nuestra entidad, uno de los casos de corrupción más sonado, que fue sido sancionado penalmente, nos remite al SIAPA, donde se declaró responsable de peculado y desvío de recursos a un funcionario, por el uso de un crédito de mil 200 millones de pesos, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa ‘Todos con Agua’, que beneficiaría a 300 mil personas la metrópoli, durante el ‘Sexenio de la Corrupción’ de Emilio González Márquez.

Tanto el IMCO como la UNAM, han sostenido que por cada 10 litros de agua potable distribuida, sólo seis llegan a sus usuarios, toda vez que el resto se pierde en fugas, debido a una decimonónica y vetusta red de suministro. El año pasado, Siapa reconoció que cambiar los ocho millones 566 mil metros lineales de redes de agua potable, a su cargo, tendría un costo de 780 millones de pesos. No obstante, no se hace nada al respecto.

https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/megacortes-nueva-normalidad