Imagen/Internet
Ayer concluyó el periodo previsto para las precampañas (3 de enero). Este periodo que estrictamente existe para que los partidos políticos lleven a cabo procesos internos para seleccionar a sus candidatos para cargos de elección popular. Las precampañas existen para ofrecer una oportunidad para que los precandidatos desarrollen y socialicen con los militantes y simpatizantes de su partido, a la vez que construyen estrategias de campaña, mensajes políticos, plataformas y propuestas electorales. Esto implica interactuar con los militantes y simpatizantes del partido, y en algunos casos, con el electorado en general, aunque con restricciones específicas para evitar que se conviertan en una campaña electoral anticipada.
No obstante, las actividades realizadas durante las ‘precampañas’ en realidad simularon campañas electorales. Es decir, se anticiparon al inicio formal de las campañas. Esto se debe, en parte, a que existen candidatos únicos en varios partidos, lo que lleva a situaciones donde en lugar de una competencia interna para seleccionar candidatos, las actividades estuvieron orientadas a ganar reconocimiento entre el electorado en general (actos anticipados de campaña). Tal comportamiento simulado nos plantea la pregunta de si las precampañas están cumpliendo su propósito original de ser un proceso interno de los partidos. La respuesta parece obvia.
Aunque las precampañas no deben incluir llamados explícitos al voto, se advirtió que los precandidatos, todos, encontraron formas ingeniosas para dar la vuelta a esta restricción electoral. Se permitió la pinta de bardas y espectaculares dirigidos a militantes, pero estas actividades en realidad estaban encaminadas al votante en general. Esto denota la necesidad de revisar las regulaciones para garantizar que las actividades de precampaña se centren más en el proceso interno del partido y menos en la promoción pública del voto. Revisar y reformar las reglas que regulan los tiempos y métodos de las precampañas para reflejar mejor la realidad política actual y garantizar la equidad en las contiendas internas de los partidos políticos, sólo cuando exista competencia real por la candidatura.
Ante tanta simulación, un aspecto especialmente preocupante es el de una fiscalización más estricta de las actividades de precampaña y de la cantidad de los recursos utilizados. Las autoridades electorales deben vigilar mejor y aplicar sanciones a aquellos que no respetan las normas. Esto resulta fundamental para mantener la equidad entre todos los participantes, y la legitimidad del proceso en su conjunto.
Otro asunto impostergable es el de asegurar por ley, un mínimo de democracia al interior de los partidos políticos. Desde la reforma política-electoral de 1977, se definió a los partidos políticos como “entidades de interés público” en la Constitución. A pesar de la definición en el artículo 41, el carácter público de los partidos no ha sido traducido en disposiciones legales que aseguren que estos institutos políticos son y están al servicio de todos (públicos en realidad). Como instituciones de Estado, los partidos gozan del régimen de prerrogativas más importante que el Estado mexicano hubiese concedido a otra institución pública. Disfrutan de un generoso financiamiento en efectivo, otro más en especie, acceso gratuito a tiempos en radio y televisión y exenciones fiscales.
Durante todas las reformas electorales, posteriores a la de 1977 (46 años), los partidos se han resistido a una autorregulación que limite la discrecionalidad de la que hoy gozan para designar a sus candidatos y dirigentes, mediante métodos que no son democráticos, pues no le otorgan el derecho al voto al militante para decidir, con sufragios, quién debe ser el postulado por cada partido.
Para que los partidos sean realmente públicos, y las precampañas tengan sentido político (utilidad social), los partidos deben practicar por ley un mínimo de democracia a su interior, y elegir democráticamente a candidatos y dirigentes (una suerte de elecciones primarias o convenciones). Sólo entonces serán auténticas “entidades de interés público”, como lo señala la Constitución, y este periodo dedicado a las ‘precampañas’, tendría una genuina utilidad democrática.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/precampanas-con-utilidad-democratica