Imagen/X LegislativoJa
Esta semana se hizo público que, derivado de la solicitud de un estudio de caso, elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), a petición de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco y de la Presidencia de la Mesa Directiva, se entregó el Análisis técnico de la nómina del Congreso del Estado de Jalisco (nombre oficial del estudio). Como consecuencia iniciarían un proceso de ‘reingeniería’ en cuanto a su estructura. Liquidar contratos, no significa para nada una ‘reingeniería’, no obstante, retomemos los resultados del estudio (IMCO) y analicemos el impacto de las decisiones anunciadas para el legislativo.
El análisis técnico buscó, de acuerdo al propio boletín del instituto, “aportar con base en evidencia una serie de recomendaciones de política pública para mejorar su gestión y transparencia. Se utilizaron los datos y documentos proporcionados por diversas áreas del Congreso y se tomaron en cuenta buenas prácticas en materia de gestión de nómina, tanto a nivel local como internacional”.
Entre los datos que destacan de este estudio, se encontró que 1) el 26% de los 1,069 colaboradores que tiene el Congreso de Jalisco realiza actividades con ¡no coinciden con el catálogo de puestos existentes! porque realizan funciones que simplemente ¡no están definidas en ninguna parte!; 2) Que existe una enorme asimetría entre el sueldo que reciben diversos empleados, por una misma tarea (alguien grado de doctor puede recibir menos remuneración que alguien que no lo tiene); 3) Que alguien con un cargo más bajo, deviene más que alguien que tiene un nivel de responsabilidad más alto y; que, 4) en términos generales, el poder legislativo local es más caro en nómina, que el de otras muchas entidades federativas, tanto por número de ciudadanos representados, como por el número de legisladores.
De los colaboradores del Congreso, el personal de base representa el 53.9%, y de ellos 62% está en el área administrativa y 38% (aproximadamente 218 personas) están ‘asignadas a diputados’. Lo que quiere decir que tenemos una cifra de 576 personas de base, de las cuales, un promedio de cinco personas está asignada a cada uno de los 38 legisladores. El estudio también encontró un exceso de auxiliares administrativos en el Congreso.
IMCO documentó que el criterio político influye en las decisiones administrativas, y que las áreas administrativas responden más al poder político, que a quien administrativamente le corresponde llevar esta tarea. El IMCO recomendó al Congreso de Jalisco definir funciones por cargo y área, comunicar la organización administrativa, profesionalizar la Secretaría General y definir el tamaño de las áreas que integran el Congreso. La nómina del Congreso ha sido reflejo de vicios históricos que la han hecho obesa y, por tanto, ineficiente y costosa. Las mesas de trabajo necesarias para realizar la ‘reingeniería’ requerida fueron anunciadas el pasado 21 de febrero, por el secretario general del Congreso de Jalisco, ante la presencia de la representación sindical. Es importante recordar que el estudio del IMCO encontró un exceso de 649 trabajadores. Es decir, solo son indispensables 420, por lo que la nómina representa 2.5 veces más de lo óptimo.
Ya se anunció que se iniciaron las negociaciones con 13 personas (un 2% de las necesarias para poder cumplir con las recomendaciones del IMCO) a través del ofrecimiento de un programa de retiro voluntario y jubilación anticipada. El secretario general del Congreso estimó que se pagaría poco más de 11 millones de pesos en indemnizaciones, respecto de un total de 12 millones 687 mil 709 pesos, que cuestan al año estos contratos. Buen arranque.
El Congreso del Estado de Jalisco presupuestó, para el año fiscal 2023, un gasto de $909’999,270.83 de pesos, de los cuales $854’575,112.20 vienen contemplados para gastos de nómina, incluyendo los $49’735,810.56 para dietas de nuestros legisladores. Es una tarea loable adelgazar la nómina. Pero no se trata de que sean solo menos personas devengando una remuneración pública, sino que, en escencia, los contratos correspondan a una mayor profesionalización de la actividad legislativa, con perfiles idóneos y tareas que concidan con los fines propios del Poder Legislativo.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/reingenieria-en-el-congreso
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