La valoración que los tribunales harán sobre las impugnaciones presentadas, derivadas del proceso electoral, será crucial para determinar si se cumplieron los principios democráticos, y si la voz de los ciudadanos fue legalmente respetada en el proceso. La reciente controversia en torno a las elecciones en Jalisco despertó un debate significativo sobre la posible nulidad de los comicios, especialmente en la elección para Guadalajara y la de gobernador. Este debate, aunque tiene fuertes tintes políticos intencionalmente alentados, se centrará en última instancia en los fundamentos jurídicos, que los tribunales electorales deben evaluar, para resolver si existen razones fundadas y motivadas para anular una elección.
Independientemente de las consideraciones y especulaciones respecto a las causas políticas que pudieran alimentar la anulación de una elección, que podrían ser muchísimas, es crucial entender que una elección se nulifica jurídicamente, solo si existen elementos que una autoridad competente jurisdiccional estime como suficientemente graves. Según la normativa electoral, estos elementos pueden incluir dolos sistemáticos, violaciones a los derechos de los electores, errores graves en el proceso de votación y escrutinio, intervención indebida de autoridades, irregularidades en el conteo y los resultados, entre otras.
La política es, sin duda, una influencia significativa en las decisiones de los tribunales. Siempre lo ha sido. Sin embargo, los magistrados electorales requieren de argumentos jurídicos para fundar y motivar una posible resolución que declare nula una elección. La decisión de anulación, no es simplemente un acto político, ni se explica solo de esa forma. Debe basarse en argumentos jurídicos que demuestren que las irregularidades afectaron sustancialmente el resultado de la elección.
Lo importante de lo que eventualmente resuelvan los tribunales electorales, respecto a las impugnaciones presentadas en los pasados comicios celebrados en Jalisco, es si, a juicio de los magistrados, encontraron o no elementos jurídicos suficientes para declarar nula una o varias elecciones municipales. Incluso, la misma elección para gobernador de Jalisco. Hasta hoy, los análisis sobre la posible anulación de alguna de las elecciones se han centrado en la valoración política del comportamiento de los actores y autoridades. Aún falta la valoración precisa que una autoridad jurisdiccional debe hacer sobre la naturaleza de las irregularidades denunciadas (hasta hora, políticamente), y la procedencia jurídica de las causales invocadas para justificar la nulidad de casillas y, eventualmente, de una elección municipal o estatal.
Efectivamente, la anulación de una elección no es un proceso que deba tomarse a la ligera. Los medios de impugnación previstos por la ley representan un componente esencial para garantizar la legitimidad y transparencia de los procesos electorales. Estos mecanismos no solo permiten a las y los candidatos ejercer sus derechos democráticos, sino que también fortalecen la confianza en el sistema electoral y aseguran que cualquier inconformidad sea canalizada a través de vías institucionales democráticas.
Al agotar todas las instancias legales disponibles en la norma, las y los candidatos no solo defienden sus propios derechos institucionalmente, sino que también contribuyen al fortalecimiento del estado de derecho y la confianza pública en las instituciones. La valoración de las pruebas y la emisión de resoluciones por parte de las autoridades competentes, garantizan que las elecciones se conduzcan conforme a los principios de legalidad, certeza y justicia, pilares fundamentales en cualquier democracia.
El proceso de impugnación y una eventual anulación de alguna elección, cuando es resuelta legalmente, no debe ser visto como un debilitamiento del sistema democrático. Todo lo contrario. Estas acciones demuestran que existen mecanismos de control y equilibrio que permiten corregir errores, proteger derechos y asegurar que las elecciones sean democráticas. En este contexto, los medios de impugnación son herramientas esenciales para garantizar que el gobierno electo, sea el reflejo la voluntad soberana, expresada legalmente a través del sufragio.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/anular-las-elecciones-entre-la-politica-y-la-ley